La gestión llevada a cabo con las contratas de limpieza y transporte público le puede seguir costando cara al Ayuntamiento de Zaragoza. Los servicios jurídicos y los técnicos municipales reconocen que existen en estos momentos sentencias pendientes, otras no firmes y solicitudes de revisiones de precios que suman, al menos, 67,3 millones de euros.

De ellos, 45,3 corresponden a las sentencias relacionadas con Tuzsa, la antigua concesionaria del bus, un importe que el área de Economía da casi por perdido, hasta el punto de haberlos incluido en una previsión de solicitud al Fondo Impulso de este año. El resto pertenecen a revisiones de precios de la contrata de FCC: 10,8, correspondientes a los años 2012 y 2013, fueron objeto de una reciente sentencia en primera instancia que el Ayuntamiento ha decidido recurrir; en cuanto al resto, otros 6 (de 2010 y 2011) permanecen judicializados a falta de que se pronuncien los tribunales y los 5,2 de 2014 ya han sido solicitados por la contrata. A todas estas cantidades habría que sumar los intereses de demora que se deriven de cuándo tenga lugar el pago.

Fuentes municipales consideran que la clave para asumir como propia esta posible deuda se sitúa en el conjunto de seis procedimientos judiciales que tienen que ver con las revisiones de precios y las certificaciones de servicio correspondientes a la antigua contrata de Tuzsa, cuyos fallos en firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se esperan en breve.

En el equipo de Gobierno creen que, previsiblemente, las sentencias por 45,3 millones serán desfavorables porque afectan a un contrato que fue firmado antes de 2008, con una legislación que exigía imputar los costes de personal en los precios, a diferencia de la nueva legislación que entró en vigor en aquel año.

Se trata del mismo problema que ha ocurrido con las dos revisiones de precios de 2012 y 2013 de FCC, por las que el Consistorio ha sido condenado a pagar. En el caso de que el TSJA falle en contra del Ayuntamiento, tal y como ha dado por sentado en numerosas ocasiones el concejal de Economía, Fernando Rivarés, y reconocen otros miembros del Gobierno en privado, el Consistorio tiene previsto retirar el recurso sobre la sentencia de FCC (de 10,8 millones) para así incluir esta cuantía en la solicitud que pretende hacer al Fondo Impulso de 2016.

Para optar al mismo, en todo caso, el Ayuntamiento debería cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, algo que ha sido puesto en duda por la oposición y que se verá cuando se presente la liquidación anual, como tarde, en marzo.

La clave para acudir a esta línea de financiación es que las sentencias para cuyo pago se piden fondos sean firmes; por ello, el Gobierno desestiría en su recurso al fallo de FCC, al considerarlo del mismo tenor que las sentencias de Tuzsa. En 2015, el equipo de Gobierno ya pidió casi 45 millones al Fondo Impulso, que le fueron concedidos, para pagar sentencias firmes. Zaragoza, de este modo, fue la ciudad de España que más dinero recibió del Ministerio de Hacienda de iniciativa, un dinero que computa como deuda y exige un fondo de contingencia de unos seis millones de euros.