El 80%de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Castilla y León ha secundado la segunda jornada de huelga convocada este lunes por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El seguimiento en  Soria ha sido del 100%. 

En concreto, el seguimiento ha sido de un 80% en Castilla y León, donde han hecho huelga 30 de los 37 examinadores que trabajaban en la Comunidad, según han informado fuentes de CSIF.

El seguimiento por provincias ha alcanzado porcentajes del 100% en Salamanca, Palencia y Soria; en torno al 85% en Burgos y León; en Segovia un 75 y en Valladolid en torno al 40.

Así, en opinión de la Asociación la jornada ha vuelto a ser un éxito, ya que ha sido secundada por más del 90% de los profesionales del resto del país.

Al igual que la jornada de protesta organizada hace dos semanas, el paro ha provocado que se suspendan más de 7.000 pruebas prácticas en toda España, destacando el seguimiento realizado en las principales capitales: Madrid (80%), Barcelona (88%), Sevilla (90%), Málaga (100%) Valencia (70%), Bilbao (87,5%), Coruña y Santiago (100%) y Logroño (100%).

Este martes, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado una reunión para analizar la situación y propondrá la incorporación a la plantilla de personal de las Fuerzas Armadas, procedente de Tropa y Marinería.

CSIF, desde el máximo respeto a los militares, ha considerado esta propuesta "un despropósito" y ha advertido de que cualquier incorporación debe respetar de manera escrupulosa los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Administración. "Ya puestos, podrían incorporar militares a los cargos directivos de la DGT", apunta Manuel Santiago, responsable de CSIF en la Dirección General.

Han pasado dos años desde la firma de los acuerdos que conllevaron la desconvocatoria de la Huelga en la DGT de Octubre de 2015, y aún no se han plasmado ni sus contenidos retributivos, ni las medidas de seguridad en la entrega de resultados. Esta situación se suma a la asfixiante falta de examinadores, que pone en serio riesgo la viabilidad y continuidad de los Servicios Públicos de Exámenes de la DGT.