El Gobierno también se aprieta el cinturón en su factura energética. Lo que en los últimos seis años no había pasado de ser un plan más o menos difuso, pero nunca completado, de ahorro en la Administración central ha tomado por fin carta de naturaleza.

Apoyado en la Ley de Economía Sostenible (LES) y en la reciente reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ejecutivo ha iniciado un Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado, que deberán recortar un 20% su factura energética en 2016.

El programa contempla una inversión cercana a los 2.200 millones de euros que, según fuentes del sector, podría generar 110.000 empleos de los que 65.000 serían fijos. Y servirá además para impulsar un sector aún incipiente en España pero con larga trayectoria en Europa: el de las empresas de servicios energéticos (ESEs), que asumirán parte del riesgo en los proyectos y, al tiempo, recibirán financiación pública en condiciones ventajosas.

Cristaliza así una antigua iniciativa del Ministerio de Industria, que bajo el liderazgo de Miguel Sebastián ha necesitado del empujón final de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y de la labor aglutinadora de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Ésta, explican fuentes conocedoras del proyecto, "ha logrado reunir alrededor de la mesa e involucrar al Gobierno en pleno, en una tarea que no ha sido fácil",

Todos los ministerios han recibido el encargo de elaborar en breve una lista global de 330 instalaciones que, mediante contratos de colaboración público-privada, se someterán a profundas reformas para mejorar su iluminación, cerramientos y gestión energética.

Algunos incluso pasarán de ser meros consumidores a pequeños generadores de energía.

Como novedad destacada, las compañías que logren los contratos de mejora cobrarán una parte de su remuneración en función del ahorro que sean capaces de alcanzar. Esto será el principio, pues el propio anteproyecto de la LES planea extender el objetivo del 20% a todos los edificios de la Administración central, que tiene inventariados más de 8.000.

Los 330 centros (que podrán ser edificios individuales o agrupaciones de edificios con más de 30.000 metros cuadrados y una factura energética anual superior a 400.000 euros) ya están repartidos. Si se aplica el 20% proyectado a este primer paquete instalaciones, el ahorro anual superaría los 26 millones de euros.

No entran en el plan los edificios en el extranjero, en alquiler, los que esté previsto abandonar antes de cinco años, los que ya tengan aprobadas rehabilitaciones integrales o aquellos que esté previsto vender en cinco años. Fomento (con 131 edificios), Interior (68) y Defensa (38), que serán los más activos, tienen previsto seleccionar instalaciones como aeropuertos, estaciones de tren, cárceles o cuarteles.

Está previsto que algunos reguladores como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de la Energía se puedan sumar también al programa. Otros departamentos sólo mejorarán unas pocas fincas. Algunos, únicamente la propia sede del Ministerio, como en el caso de Vivienda o Igualdad.

Complejidad

La dificultad técnica no es poca, pues a la complejidad lógica del programa se suma el que muchos ministerios son edificios antiguos y que, incluso, están protegidos por Patrimonio Nacional.

Pero la tendencia al despilfarro no es exclusiva de ese tipo de fincas. Expertos en ahorro energético aclaran que no son pocas las edificaciones 'modernas' que presentan enormes defectos en cuestiones de eficiencia.

Al procedimiento de selección de ofertas precederá una suerte de auditoria en la que tendrá especial protagonismo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA). El director de Ahorro y Eficiencia Energética del organismo, Juan Antonio Alonso, explica que serán las propias empresas las que definan "en un diálogo abierto" el mejor modo de acometer los proyectos.

En cada ocasión, se seleccionará a tres compañías de entre todas las aspirantes, que consensuarán un plan de actuación. Definido el proyecto, las mismas tres firmas concursarán por separado para ofrecer la mejor propuesta económica. Los dos 'perdedores' recibirán una compensación por su esfuerzo, que variará en función de la complejidad de la obra. El ganador contará con una subvención a fondo perdido del 15% del coste del proyecto, que estará financiado al 100% por el inminente fondo de 20.000 millones que acompañará a la LES. Los contratos ganadores tendrán un plazo máximo de 20 años, durante el que el adjudicatario se hará cargo de la gestión y el mantenimiento de todo lo necesario.