El Ministerio de Vivienda quiere dar un impulso al mercado del arrendamiento y busca para ello la colaboración del sector privado.

No es el mejor momento para las promotoras y las sociedades especializadas en el alquiler, pues bancos y cajas tienen cerrado el grifo de la financiación y el Gobierno ha de actuar con pies de plomo en todo lo que se refiere al ladrillo. Por eso la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha puesto a trabajar a su gabinete en busca de soluciones que permitan a las compañías levantar y gestionar pisos en renta en suelo de las administraciones. Y los técnicos han encontrado una posible salida que, sin embargo, requiere la intervención del departamento de Pedro Solbes: el único que puede abordar la imperativa reforma de la Ley Hipotecaria que exige el proyecto.

La fórmula ideada por Vivienda es sencilla, aunque no así su base legal. La cuestión es aprovechar suelos propiedad del Estado, de comunidades autónomas o de ayuntamientos para desarrollar en ellos pisos de alquiler. Unas casas que 'pagarían' las empresas privadas, que después obtendrían el pertinente beneficio económico de los alquileres que cobraran por ellas. Unos arrendamientos, eso sí, a los que el acceso estaría controlado por la Administración correspondiente a través de registros públicos de demandantes o cualquier otro sistema que garantizara la equidad del sistema.

Las empresas privadas habrían de acudir al mercado para financiarse y aquí es donde surge el problema. La legislación actual sólo permite titulizar (convertir en deuda) la construcción de pisos siempre que se sea también propietario del suelo. El derecho de superficie solo puede ser constituido por el dueño del terreno, el que legalmente tiene el 'pleno dominio'. Y claro, en el modelo articulado por Vivienda, encuentra aquí un grave inconveniente, pues los pisos serían de las empresas privadas y el suelo, público.

De ida y vuelta

Por eso Beatriz Corredor se ha puesto en contacto con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Hacienda, para hacerle llegar su intención de resolver la cuestión. Será Solbes el que tenga la última palabra para, como pide Vivienda, modificar la Ley Hipotecaria y su reglamento de desarrollo.

El programa que tiene en mente Vivienda es bastante novedoso. La filosofía principal pasa por otorgar total libertad a las empresas privadas para promover y gestionar los alquileres. Ellas construyen, cobran las rentas y se encargan también del mantenimiento de los edificios. El plazo inicial sobre el que se trabaja es de 30 años. Un tiempo suficiente para que los inversores recuperen su dinero y obtengan un beneficio suficiente. Como los inquilinos estarían garantizados por la administración correspondiente, lo que generaría ingresos recurrentes asegurados, la titulización de esas casas sería más fácil conseguir. Al término del periodo, el ayuntamiento o la comunidad autónoma correspondiente se haría con la propiedad del edificio.

Por ahora, Vivienda ha puesto en marcha dos desarrollos parecidos como programas piloto. Se trata de viviendas dotacionales (dirigidas a determinados colectivos) en las localidades de Elche y Alcorcón, donde el papel de la empresa privada lo juegan en ambos casos la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), el brazo inversor del Ministerio de Corredor, y el correspondiente consistorio mediante una sociedad mercantil al 50%. Los pisos, pensados para menores de 35 años y mayores de 65, tendrán una superficie próxima a los 55 metros cuadrados construidos.