Valeriano Gómez: «La reforma evitará la quiebra de las pensiones en quince años»

¿Es esta la reforma que quería el Gobierno?

El Gobierno quería una reforma ambiciosa, que lograra despejar las incertidumbres en el medio y largo plazo sobre el sistema de pensiones. También quería que fuera pactada y que tuviera un amplio respaldo parlamentario, el mayor si fuera posible. Y estamos en esos tres factores muy cerca del nivel óptimo. Por tanto, sí se parecen los cambios acordados con lo que planteábamos.

Pero no va tan lejos como la que propuso Zapatero hace un año?

Entonces el Gobierno planteó genéricamente que era necesario elevar la edad de jubilación a los 67 años, y en esto está en la reforma. Pero hay una franja de edad entre los 63 y 67 años para hacerlo, y se mantiene la posibilidad de retirarse a los 65 si la gente tiene una carrera de cotización suficientemente larga. Hay también una ampliación del periodo de cálculo de los 15 a los 25 años, el mayor salto en esta materia que nunca se había dado; se mantiene la jubilación parcial y anticipada, aunque hay medidas que la desestimulan. Estamos ante la mayor reforma de las pensiones de nuestra historia democrática. Y es el único caso en Europa, salvo el de Suecia, en que se ha hecho por acuerdo, lo que configura un panorama que no es el óptimo, pero se le parece mucho.

A falta de la negociación con los sindicatos, ¿tiene ya en mente a qué colectivos beneficiará la reducción de la edad de jubilación?

La clave está en hablar de ocupaciones, no de sectores, y de ahí la dificultad del estudio. No es lo mismo un trabajador de una explotación de granito o mármol que un electricista de la construcción. Ni un fachadista, que tiene un riesgo claro, que un alicatador. Vamos a terminar la elaboración de un catálogo que fijará qué ocupaciones tienen más riesgos por el avance de la edad. Un tunelista, un buzo y las ya citadas son ejemplos de profesiones donde la ocupación gana en siniestralidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad como consecuencia de la edad; y ahí está la esencia de lo que vamos a hacer.

¿Está pensando el Gobierno en la edad de retiro de estos colectivos y cuántos trabajadores podrán acogerse a esa medida?

Es prematuro hablar de cifras. Obviamente, en un sistema que tiene más de 17 millones de cotizantes no puede haber millones que tengan edades de jubilación ostensiblemente inferiores a las de los demás. Estamos hablando de ocupaciones con dificultades, no de centenares de miles o de millones de personas, sino de una cuantía ostensiblemente inferior. En este momento, los diferentes colectivos que se jubilan anticipadamente son 200.000 o 300.000.

¿Cuando tendrán el catálogo?

Creo que en unos seis meses podríamos tenerlo muy avanzado. Deberíamos plantearnos introducirlo de forma gradual, como en el resto de la reforma.

¿Se pedirá un esfuerzo de cotización a los beneficiados?

Puede haber cotización o coeficientes reductores más bajos por adelantar la jubilación? No hemos entrado en ese capítulo aún.

¿Cuál es el resumen de la reforma en ahorro en términos de PIB?

Nuestra idea es que el gasto, que ahora es inferior al alemán, al francés o al italiano, no se separe demasiado cuando nuestra demografía, que es más adversa que la suya, lo haga crecer mucho.

¿Abre la puerta esta reforma a la financiación de las pensiones por vías diferentes a las cotizaciones?

La abre al análisis de una financiación complementaria, en el que hablemos de que las prestaciones de carácter universal -no contributivas- sean asumidas por el Estado en un acuerdo razonable a la vez que pueda haber esquemas de financiación complementaria del sistema público. ¿Por qué razón? Porque las cotizaciones sociales llevan muchos años asentadas entre el 9% y el 9,5% del PIB. Si en el futuro se va a gastar del 12% al 12,5% y las cotizaciones no se alteran -y no debemos elevarlas en términos de PIB-, lo normal es pensar que tendrá que haber fuentes de financiación alternativas en el medio y largo plazo.

En la reforma se produce una mejora de la contributividad, lo que hará que algunos colectivos que se beneficiaban de una menor cotización salgan perjudicados

El aumento del periodo de cómputo implica hacer más contributivo el sistema; también la jubilación a los 65 para los que tienen carreras más largas de cotización; lo mismo sucede al exigir más tiempo de afiliación para acceder a la jubilación parcial o anticipada. Toda la reforma está hecha en esa dirección: la de una mejor relación entre la aportación hecha y la prestación que se recibe. La compra de una pensión se dificulta muchísimo.

Se veta en el acuerdo el acceso a los complementos de mínimos de los que se jubilen anticipadamente. ¿Sucede lo mismo con los que accedan a la prestación con 15 años de cotización?

Sí, se mantendrán. Sin embargo, no tiene sentido conservarlos en los casos de jubilación anticipada. Y es que una novedad importante de la reforma es el retiro voluntario a partir de los 63 años, sin que se produzca un despido, con un coeficiente reductor, que será más pequeño cuanto más se haya cotizado. Esta medida tendrá poca incidencia en el régimen general, pero sí en el de autónomos, donde las bases de cotización mínimas están muy extendidas. Este colectivo tendrá que mejorar su cotización para que sea atractiva esta vía, lo cual fomentará, a su vez, una mayor contributividad del sistema.

¿La reforma no está muy alejada de la doctrina socialista y más cercana a una concepción neoliberal de la economía?

En absoluto. La tradición del discurso socialista es tener instituciones que protejan a los más débiles, desde la cuna hasta la tumba, con educación gratuita, derecho a la vivienda, protección contra el desempleo, acceso a la sanidad y una pensión. Lo que hacemos ahora es fortalecer, garantizar esta parte del capítulo de protección social que caracterizó a los grandes consensos socialdemócratas de la postguerra mundial. El objetivo es consolidarlo porque ¿para qué sirve un sistema de pensiones de reparto que quebraría en quince años?

El empeño por impulsar el trabajo a tiempo parcial, ¿no va en contra del fraude que se produce en este capítulo en las cotizaciones?

Se trata precisamente de mejorar la afloración de ese tipo de trabajo, que se hace por horas y que si se eleva a media jornada, estará eximido durante 2011 de la cotización a la Seguridad Social. Es una medida excepcional, para este año, que persigue que las empresas que comienzan a recuperarse y no se atreven a contratar, que lo hagan, sabiendo que en todo un año no pagarán cotizaciones sociales si tienen menos de 250 trabajadores. Se busca así adelantar decisiones de contratación.

¿La intención de empresarios y sindicatos de acabar con los convenios provinciales no puede ser contraproducente?

Pretendemos que la regulación intermedia -pactos provinciales- vaya desapareciendo. Debería ser el sector estatal el que prime, y, a lo sumo, el autonómico, pero con la perspectiva de que en la negociación en la empresa se cuantifique el salario, la jornada, etc. El soporte teórico de esta doctrina indica que es mejor una negociación muy centralizada o muy descentralizada, tipo empresa, ya que los modelos intermedios no tienen tanto éxito. España está más cerca de la negociación centralizada, pero si se potencia la de la empresa quizás estemos acumulando ventajas en los dos ámbitos

¿Está descartado acabar con la ultraactividad de los convenios?

Sí. España no va a ser una excepción, y lo sería si no siguieran vigentes tras cumplir el plazo para el que fueron suscritos. El Gobierno ha dicho que debe haber un momento para alcanzar un pacto nuevo, dos o tres años después de que cumpla su vigencia. En ausencia de pacto en ese plazo, la ley o un acuerdo interconfederal debería establecer mecanismos de mediación o arbitraje, para que no suceda como con los controladores.