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Economía

LABORAL

UGT exige ayuda para los 50.000 trabajadores cuyas empresas quiebran cada año

Reclama, junto a jueces y economistas, reformas urgentes de la ley ante el desamparo de las plantillas y la sobrecarga de los juzgados mercantiles.

La crisis ha disparado más de un 260% el número de empresas que se declaran insolventes. Un torrente de concursos de acreedores (260 al mes), la inmensa mayoría de ellos sin ninguna posibilidad de reflotar la empresa, inundan los juzgados de lo mercantil, que comienzan a saturarse. En ese escenario, con 122 trabajadores afectados cada día durante el último año, UGT exige al Gobierno una reforma legal que ampare a esas plantillas, abocadas a expedientes de regulación de empleo (ERE) cicateros, y sin opción de una defensa específica ante los tribunales.

Jueces y economistas también reclaman cambios para intentar desahogar los juzgados y tratar de salvar al mayor número de compañías concursadas. Hoy, sólo un 1% de las empresas que se declaran insolventes sobreviven al concurso. Todo un contrasentido, pues la ley concursal (de septiembre de 2004) tiene como espíritu guía la búsqueda de viabilidad de las quebradas. Los salarios de los administradores concursarles -que pueden llegar a los 9 millones de euros en los procesos más 'gordos'- son otra de las cuestiones en la picota.

Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, critica la visión "exclusivamente mercantilista" de la ley, que ha dejado fuera a los tribunales e instancias laborales, con el evidente riesgo para los trabajadores. "Estás en manos de un juez al que no ves, que no tiene -a pesar del esfuerzo que están haciendo- formación en asuntos laborales y que en la mayoría de los procesos no acepta a los sindicatos como parte interesada", dice. Concursos, añade, que se retrasan sin remedio y dejan a las plantillas meses y meses sin poder cobrar desempleos, indemnizaciones y salarios, o sin tan siquiera poder instar la resolución de sus contratos cuando no hay actividad empresarial.

Maniobras oscuras

En el último año, 50.000 trabajadores han visto cómo su empresa (la mayoría pymes) iba a concurso. En muchas ocasiones, señala Ferrer, en una maniobra "más que oscura" para conseguir cierres 'cómodos' y con ere's mínimos. "Es imprescindible que los sindicatos participen para defender unos derechos que, aunque parezca mentira, antes era más fácil defender", afirma. El sindicato ha trasladado ya su inquietud a algunos grupos parlamentarios, de los que espera "un interés y un apoyo unánime", concluye.

No es el único movimiento en pro de un giro en la ley concursal que, como ha quedado demostrado, no parece que sirva para recuperar la viabilidad de las empresas. Con 764 procesos cada trimestre, y subiendo, los juzgados de lo mercantil -que han asumido también cuestiones tan variopintas como los derechos de autor o asuntos de navegación, la reflexión se hace imprescindible.

José María Fernández Feijoo, magistrado mercantil en Barcelona, pide revisar los salarios de los administradores concursarles (se calculan en función del pasivo de la quebrada) para establecer un mínimo garantizado por el Estado de 3.000 euros y un máximo de 750.000. El Ministerio de Justicia, dice, "ya está revisando esto". El Registro de Economistas Forenses (Refor) es más pesimista: "al final es Economía el que pone los números, y creemos que tiene cosas más importantes que revisar". El Refor reclama más agilidad en los procesos para, precisamente, intentar que los empresarios puedan acelerar sus planes de salvamento de las empresas.

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