El secretario general de UGT-Aragón, Julián Lóriz, ha calculado que el desempleo podría alcanzar este año en la Comunidad las 100.000 personas, lo que supone casi 40.000 parados más que los 62.441 registrados el pasado mes de noviembre, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo.

Lóriz ha advertido de que esta cifra podría quedarse corta si se cumplen las peores previsiones, que sitúan el paro en España en cuatro millones de personas.

El secretario general de UGT-Aragón, quien ha presentado el informe "La economía aragonesa en 2008. Perspectivas y retos para 2009", ha afirmado que el agravamiento de la crisis durante este año será mayor si no se resuelven la falta de confianza de los agentes económicos y las dificultades de financiación.

Por ello, ha instado a los gobiernos central y autonómico a tutelar que el sistema financiero ejerza sus funciones y que las entidades, que han recibido ayudas para aliviar la falta de liquidez en el mercado de crédito mayorista, faciliten la financiación de empresas y familias.

Lóriz ha subrayado que el sector financiero ha tenido parte de culpa en la generación de la crisis económica y de la burbuja inmobiliaria, al privilegiar durante años la financiación de la actividad promotora, y es ahora cuando hay que exigir "responsabilidad" a las entidades financieras.

Ante la actual coyuntura económica, UGT Aragón también reivindica la mejora del poder adquisitivo de los salarios y que no se produzcan "regresiones" en las políticas laborales para que los trabajadores "no paguen todas las facturas de la crisis".

Si los empresarios, "que durante años se han estado aprovechando la bonanza y los superbeneficios", se niegan a ello, habrá movilizaciones, ha advertido Lóriz, quien ha recordado que UGT y CCOO han convocado para el próximo 18 de enero una primera manifestación contra el abuso empresarial en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Lóriz ha criticado a la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón) por pretender que la aplicación de los ERE se rija por criterios meramente objetivos, sin condicionarlos a la negociación con los trabajadores.

El dirigente sindical, quien ha acusado a algunos empresarios de querer instaurar una relación laboral "decimonónica", ha recordado que la legislación exige la causalidad de los ERE y el establecimiento de un proceso "pausado" de diálogo social para garantizar que los ajustes laborales no se basen en decisiones arbitrarias.

Otra de las reivindicaciones de UGT Aragón para paliar los efectos de la crisis es la reforma de la Ley Básica de Empleo para mejorar y ampliar la cobertura de las prestaciones por desempleo.

Asimismo, Lóriz ha remarcado la necesidad de que el Gobierno de Aragón ponga en marcha un plan de inversión pública que estimule la reactivación económica con proyectos generadores de empleo.

También ha abogado por el impulso de un pacto social aragonés por la vivienda, la puesta en marcha de políticas industriales que impulsen sectores prioritarios como la logística, las energías renovables y la automoción, y el rápido desarrollo de las medidas incluidas en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA).