La próxima semana, clave para las pensiones

El Gobierno, los sindicatos y la patronal encaran una semana decisiva en la que las medidas que adopten dejarán una profunda huella en la Seguridad Social, el mercado laboral e incluso en la política industrial. El Ejecutivo y los agentes sociales apuran, en diferentes mesas y foros, la negociación sobre las actuaciones planteadas por Zapatero en materia sociolaboral con el objetivo de alcanzar un mínimo nivel de consenso en torno a la polémica reforma de las pensiones -la más importante desde la creación del sistema- y su punto más controvertido: el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.

Los interlocutores tienen un limitado margen de maniobra en esas conversaciones. El Gabinete socialista porque, aunque quisiera, la estrecha vigilancia de los mercados financieros le impide rebajar de forma apreciable su propuesta ante el riesgo de recibir un sonoro varapalo, que dispare el coste de la deuda y resucite el fantasma de una intervención por parte de la UE. Las centrales, porque esa iniciativa es una ‘línea roja’ que les resulta muy difícil traspasar, salvo que sus efectos sean seriamente suavizados, mientras se tientan la ropa a la hora de hablar de una nueva huelga general: si la protesta no logra un seguimiento muy mayoritario, tras la experiencia del pasado 29 de septiembre, correrían el riesgo de un palpable debilitamiento.

Aunque CC. OO. y UGT habían anunciado que el próximo martes sería el día clave, en el que deberían tener decidido si hay elementos suficientes para un pacto, en las últimas horas han optado por ampliar el plazo al menos hasta el viernes, cuando el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar, con o sin acuerdo, los cambios que afectarán a las futuras pensiones. El hipotético compromiso global que debaten incluiría acciones para amortiguar algunos efectos de la reforma laboral; garantías sobre la reforma de la negociación colectiva -exigen el mantenimiento de las ventajas sociales vigentes en los convenios no renovados-, la promesa de una política energética con precios “estables y competivivos”, y una política industrial integral que convierta esta actividad en estratégica.

Mientras, las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones serán votadas el martes por el Congreso, donde existe un amplio consenso sobre el documento, que no incluye el retraso de la edad de jubilación, una medida que solo defiende expresamente el PSOE.

Condiciones de jubilación

Con la vista puesta en CiU y el PNV, el Gobierno ha rescatado al ex ministro de Trabajo Jesús Caldera para buscar un apoyo de otros partidos que le permita sacar adelante en el Parlamento la jubilación a los 67 años. Pero, el rechazo frontal del PP a esta polémica medida complica especialmente el consenso.

La negociación del Gobierno con CC. OO. y UGT sigue focalizada en las nuevas condiciones de la jubilación. Los 67 años pueden ser asumidos por ellos solo si van acompañados de excepciones y requisitos que permitan que el retiro más frecuente se siga produciendo a los 65 años, según han explicado fuentes sindicales.

Hay otras cifras ‘mágicas’ sobre las que gira la negociación, en la que el Gabinete de Zapatero puede adoptar la flexibilidad que permita un acercamiento a las centrales. Por ejemplo, los 41 años cotizados que podrían exigirse para que los trabajadores sigan jubilándose a los 65. Una rebaja de esa cantidad puede acercar posiciones, así como que no se eleve a 37 años -ahora son 35- el periodo necesario de cotización para obtener una pensión ‘completa’. El alargamiento del periodo de cómputo de 15 a 25 años es otro escollo, que hasta ahora ha encontrado la mayor resistencia en UGT.

La jubilación parcial por contrato de relevo, que ha sido la vía para la salida del mercado laboral de trabajadores mayores de 60 o 61 años, es otro asunto controvertido. Los sindicatos quieren mantener viva esta opción, que ha permitido el retiro anticipado de decenas de miles de trabajadores en los últimos años y de especial utilización en Euskadi. El Gobierno desea reducir esa fórmula de manera drástica por su elevado coste para la Seguridad Social: 125.000 euros ‘extra’ por persona, según cifras oficiales. En cambio, para la patronal es una vía muy beneficiosa que le permite renovar plantillas y rebajar costes de una manera sustancial.

Además, el Ejecutivo quiere también suprimir el retiro a los 64 años, apenas utilizado, y pasar de 61 a 63 años la jubilación anticipada con recortes de pensión.

Hay aún otro elemento que puede contribuir a modular los efectos de los 67 años, como es la penalización para quienes deseen abandonar el mercado laboral antes de esa edad. La sanción de la Seguridad Social es en la actualidad de entre el 6% y el 8% de la pensión -en función de los años cotizados- por cada ejercicio que se anticipe el retiro a partir de los 61 años. En la mesa de negociación se debate sobre el recorte para los que decidan no llegar en su empleo hasta los 67.

En lo que sí hay un cierto acercamiento es en los plazos en que entrarán en vigor estas medidas, que lo harán de forma gradual y paulatina hasta su aplicación completa a finales de la década de los 30.

Sensibilidades diferentes

Por si la complejidad de las negociaciones fuera poca, la aceptación de las diferentes medidas no es la misma en los dos sindicatos mayoritarios, ni en los ministerios de Trabajo y de Economía, que llevan la voz cantante del Gobierno en este foro. Por lo que ha trascendido hasta ahora, el Ejecutivo está encontrando más dificultades en UGT que en CC. OO. para encarrilar algunos apartados de la negociación, pero dentro de las centrales también existen presiones de sus ‘familias’ en uno u otro sentido. Un solo ejemplo; mientras que Comisiones no vería demasiados inconvenientes en elevar de 15 a 20 años el periodo de cómputo, UGT ha vetado todos estos años esa posibilidad.

Por parte del Gobierno, el departamento que dirige Valeriano Gómez es más proclive a hacer concesiones a las centrales, mientras el de Elena Salgado defiende las medidas más drásticas.

Donde más fácil parece el pacto es en la política industrial, que los sindicatos reclaman dentro de un gran pacto global. Incluso antes de empezar a hablar de este asunto, unas declaraciones de esta semana del ministro Miguel Sebastián daban pie a la esperanza. En las mismas, compartía las propuestas sindicales de recuperar una verdadera política industrial desde la perspectiva de que la tecnología, la calidad y la innovación sean la base de la competitividad.

En este ámbito se incluye la política energética con precios “estables” y “competitivos” que reclaman las centrales. Solo la vía nuclear puede hacer esto posible, pero los sindicatos se niegan rotundamente a hablar de la fórmula que utilice el Gobierno para conseguirlo. Este es un asunto muy delicado y las centrales no están dispuestas a arrostrar la responsabilidad de resucitar una política energética que provoca gran controversia en España.