El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseveró que los costes del despido no se sufragarán a través de impuestos o de recursos públicos en la reforma del mercado laboral que presentará en dos días el Gobierno, porque "no tendría ningún sentido hacerlo así", al tiempo que dijo no entender por qué los sindicatos preparan una huelga general.

Ocaña aclaró que el Ejecutivo propone una especie de seguro financiado por los trabajadores para que sufrague parte del coste del despido, pero que la carga de esta medida no recaerá de ninguna forma sobre la ciudadanía en general a través de tributos o recursos estatales.

El secretario de Estado de Hacienda, que inauguraba junto al presidente de BBVA, Francisco González, los cursos organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), recalcó que las finanzas públicas no pueden asumir la carga de que uno de cada cinco trabajadores estén desempleados, tal y como sucede en la actualidad.

"Mi valoración es que la reforma hay que hacerla, no entiendo que los sindicatos se resistan a algo que es una necesidad para la economía española. No tenemos más remedio que hacer una reforma laboral ambiciosa, y por tanto, no entiendo la convocatoria de huelga general", insistió Ocaña al término de su intervención y a preguntas de los periodistas.

Ocaña recalcó durante su discurso que los tres grandes retos a los que se enfrenta el Gobierno y que hay que resolver "con urgencia" son atajar el paro, reducir el déficit público y restablecer el flujo de crédito a las familias y empresas.

La reforma laboral persigue aumentar la flexibilidad y reducir costes laborales en su conjunto, especificó. Para reducir la dualidad entre trabajadores temporales y con contrato indefinido, "algo muy particular de España que afecta a la competitividad", hay que revisar la negociación colectiva y abrir la posibilidad de que las empresas puedan adoptar medidas ajustadas a sus necesidades, dijo el responsable de Hacienda.

Ocaña reconoció, por otro lado, que el impacto en España de la crisis internacional ha sido mayor que en el conjunto de países de la zona euro, tal y como pone de manifiesto que el déficit público terminara por encima del 11% en 2009, frente al promedio europeo del 6%, y que la "prioridad absoluta" en materia económica es reducir el déficit, ante las cada vez mayores exigencias de los mercados.

En este sentido, afirmó que el Ejecutivo ha de dar contenido concreto a los objetivos de recortes del gasto, porque los mercados reclaman conocer cómo se prevén alcanzar los objetivos. "Hay que dar contenido concreto a los recortes de gasto, decir cómo se va a hacer porque es lo que los mercados financieros nos están pidiendo, no basta con decirlo", enfatizó.