La Ley Hipotecaria aprobada por el Congreso a finales de 2007 permitirá a las entidades bancarias exigir a los hipotecados garantías adicionales en el supuesto de que el valor del bien hipotecado se deprecie más de un 20%, según el borrador de real decreto que ha elaborado el Gobierno para desarrollar la norma.

Varias asociaciones de consumidores criticaron que si se aprueba la norma, supondrá "desproteger a las familias frente a los intereses de la banca".

El borrador del real decreto dice: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) explicó que esta posibilidad no es ninguna novedad, ya que está recogida en el real decreto de desarrollo de la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario de 1982, aún en vigor, por lo que figura en los contratos de hipotecas de vencimiento anticipado.

Sin embargo, Ausbanc considera que esta norma contradice el espíritu de la nueva ley, ya que se planteó para dar facilidades a los hogares hipotecados.

La portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, calificó de "alarmante, injusto, aberrante e inconstitucional" este decreto. Aseguró que "sería una catástrofe" porque "hay muchísimas familias que ya están ahogadas y no tienen de dónde sacar otros bienes para hipotecar", y acusó al Ejecutivo de "salvaguardar los intereses de la banca a costa de los usuarios".

"Lo que significa es cargarse de golpe y plumazo derechos tales como el derecho a la propiedad o el derecho a la libre contratación", aseguró.

Riesgo de embargos

Señaló que la OCU ha recurrido ante los tribunales alguna "medida parecida en contratos de adhesión de bancos" y los jueces siempre han fallado en favor de los consumidores porque entendían que se trataba de "cláusulas abusivas". "Pero esto no sería una cláusula abusiva de un contrato, sería una ley abusiva, que es mucho más grave", denunció.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Banca y Cajas (Adicae) acusó al Gobierno y a las entidades financieras de querer hacer pagar a los consumidores con más endeudamiento las consecuencias de la burbuja inmobiliaria. "Si la burbuja pincha, millones de hipotecados quedarán expuestos al embargo de su vivienda y de otros bienes".