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Economía

doce años después

Los acusados del caso AVA devuelven 28,8 millones para evitar el juicio

Los principales acusados por el escándalo de la agencia de valores AVA han llegado a un acuerdo con los representantes de los 160.000 afectados por el que devolverán 28,8 millones de euros a cambio de que éstos renuncien a las acciones penales, según confirmaron fuentes jurídicas cercanas al caso.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que ha tramitado la causa desde su incorporación al juzgado en junio de 2008, ha dado el visto bueno al acuerdo por el cual los implicados pagarán 28,8 millones de euros para evitar el juicio.

Esta solución llega 12 años después de que estallara el fraude y ocho años después del cierre de la instrucción y la orden de apertura de juicio oral, según confirmaron fuentes del juzgado.

El acuerdo permitirá que los afectados, muchos de ellos aragoneses, que tenían más de 20.000 euros depositados en AVA recuperen cerca del 33% del total invertido que les queda por cobrar.

Esto beneficiará a los cerca de 3.000 afectados que forman el grueso del agujero patrimonial de 120 millones de euros dejado por la agencia de valores. La Audiencia Nacional estima que podrían comenzar a cobrar a partir de junio.

Los 160.000 afectados en total por el 'caso AVA' cobraron en 2003 un máximo de 20.000 euros del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), creado en 2001 a raíz del escándalo de la agencia de valores Gescartera, al que se aplicó el carácter retroactivo.

El abogado de Adicae, Fernando Pozo, representante de los afectados, explicó que este acuerdo no asegura que los principales responsables de AVA en España se libren del juicio, donde hay cerca de 20 imputados de varias nacionalidades. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de hasta 15 años de cárcel.

Ofertas desde las Bahamas

En 2007, los administradores judiciales de AVA informaron a los afectados de que Paul Clarke, el liquidador del banco donde la agencia de valores invertía los fondos de los clientes, Bahamas Socimer International Bank (SIBL), ofrecía 28 millones de dólares (22 millones de euros) por la renuncia de las acciones penales contra los administradores de la entidad financiera, según informaron fuentes jurídicas.

Por otra parte, el grupo español Transáfrica, la sociedad suiza André & Cia y la auditora KPMG ofrecieron aportar otros seis millones de euros a cambio de que se retiren las acusaciones contra sus representantes y las sociedades como responsables civiles subsidiarias.

La celebración del juicio oral llevaba paralizada desde 2007, porque Clarke condicionaba el acuerdo a que la Audiencia Nacional levantara el embargo de los bonos y productos financieros que Socimer tenía en el sistema internacional de transacciones Euroclear, según las mismas fuentes.

Representantes de los afectados explicaron que la Audiencia Nacional todavía no les ha notificado este acuerdo, sin embargo se mostraron "satisfechos" aunque lamentaron el tiempo transcurrido.

El 23 de febrero de 1998, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió un expediente a AVA, tras detectar que su operativa se desarrollaba en paraísos fiscales. Los gestores de AVA invertían los fondos de los clientes sin su conocimiento en el banco Socimer, propiedad del grupo español Transáfrica y controlado por la sociedad suiza André & Cia.

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