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Economía
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SECTOR PRIMARIO

Lo que el ojo del satélite no ve, el bolsillo de los agricultores lo paga

La diferencia de criterios entre los datos recogidos por el Sigpac y los controladores de campo ha derivado en la imposición de sanciones a los agricultores que merman la cuantía de las ayudas comunitarias.

Así se ven las superficies de cultivo a través del Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias.
Lo que el ojo del satélite no ve, el bolsillo de los agricultores lo paga
Heraldo

Por si no fuera bastante con los elevados costes de producción, con el desplome de los precios en origen o con la caída del consumo, ahora los problemas llegan desde el Sistema de Identificación de Parcelas Agrarias (Sigpac). Y con él un nuevo quebradero de cabeza -o mejor de bolsillo- para los agricultores. El Sigpac es una herramienta utilizada desde hace cuatro años, diseñada por la Administración y basada en las fotografías aéreas que se superponen al catastro. Su utilización es obligatoria para realizar las declaraciones de las ayudas comunitarias.

 

Pero resulta que, según denuncia la organización agraria Asaja Aragón, que los datos sobre superficie de labor recogidas por el ojo del satélite no coinciden con la realidad. Las fotografías no discriminan si en una parcela existe un camino, una línea de olivos o una caseta y calculan el espacio en su conjunto. Es la cifra que luego los agricultores reflejan en sus declaraciones PAC para optar a las ayudas por hectárea que llegan desde las arcas comunitarias.

 

Hasta aquí, todo normal. El problema llega cuando los inspectores realizan los controles de campo. "Entonces, si ellos ven que existe una superficie que no puede ser considerada tierra de labor y ha sido recogida en la solicitud, ponen una sanción al agricultor", lamenta Ramón Ballarín, secretario técnico de Asaja Aragón. Una sanción que se traduce en superficie. Como ejemplo, Ballarín explica que "si un agricultor ha puesto una hectárea de más en su declaración, el inspector quita esa hectárea y dos veces más. Al final aparecen tres hectáreas menos", matiza. Y esa decisión tiene repercusión económica porque de la superficie declarada depende el montante total de las ayudas.

 

Asaja Aragón, que ya ha mostrado su malestar ante esta situación en una carta remitida a Gonzalo Arguilé, consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, insiste en que "no discutimos la utilización de esa herramienta", pero si el Sigpac tiene errores "solo pedimos que se subsanen, que se actualicen las cifras y que por ello los paganos no tengan que ser, una vez más, los agricultores que no son los responsables de la situación", critica Ballarín.

 

El representante de Asaja reconoce que desde su puesta en marcha, este sistema de identificación de parcelas, "ha dado siempre muchos errores, que de una manera u otra se han ido subsanando y este año no sabemos por qué nos encontramos con esta situación", dice. "Al final la sensación que nos queda es que hay una continua persecución hacia el agricultor", denuncia Ballarín.

 

Por eso, y aunque el secretario técnico de la organización aragonesa asegura que todavía no han recibido respuesta por parte del Ejecutivo aragonés, el sector espera que "en un futuro pueda estar todo aclarado" y que los criterios del Sigpac y de los controladores de campo no vuelvan a derivar en "desagradables sorpresas" para los agricultores.

 

Además, censo agrario

Esta no es la única medida de la Administración que ha recibido rechazo por parte de los agricultores y sus organizaciones representativas. La elaboración del censo agrario -una estadística que no se realizaba desde hace 10 años- también ha desconcertado a los agricultores. Hasta sus casas -denuncian las organizaciones agrarias- ha llegado un cuestionario, de obligado cumplimiento, cuya complejidad es tal que incluso se acompaña de un 'manual de instrucciones' "difícil del entender" -señala Ballarín- para muchos de los agricultores y ganaderos, particularmente los de mayor edad.

 

Y es que, según las organizaciones agrarias, para la realización de este censo cuyo objetivo es evaluar la situación de la agricultura española, se han utilizado y cruzado datos de Hacienda y de la Seguridad Social, "en lugar de haber ido directamente a los Departamentos de Agricultura de los gobierno autonómicos que son los que tienen las cifras más actualizadas", lamenta Ballarín. Este "batiburrillo", como lo califica el representante de Asaja, tiene cifras. Aunque actualmente existen en España alrededor de 900.00 agricultores, el INE ha remitido un total de dos millones de cartas.

 

Esta nueva carga burocrática para el campo ha supuesto una nueva tarea para las organizaciones agrarias, a las que se han dirigido masivamente los agricultores a solicitar 'ayuda' para cumplimentar un impreso "de obligado cumplimiento". Así lo atestiguan también en la sede de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, donde desde el pasado día 1 de octubre han tenido que 'crear' un nuevo servicio. "Muchos de los agricultores a los que ha llegado el censo ni siquiera lo son ya o son muy mayores para enfrentarse a este cuestionario", destacan desde UAGA.

 

El malestar de las organizaciones agrarias y del conjunto del sector llegó hasta el despacho del presidente del INE, Jaume García. Las organizaciones agrarias reclamaban que se retomase la figura del encuestador o en su defecto que se considerase a las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras, con las contrapestaciones que ello supone.

 

Como solución salomónica, el INE ha decidido ampliar hasta abril del 2009 el plazo de inserciones de publicidad del censo en las revistas periódicas de las organizaciones agrarias. "Es una contraprestación económica" -dicen las organizaciones agrarias- a un trabajo que no les queda más remedio que hacer.

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