Las turbulencias en los mercados de deuda y la necesidad de tomar medidas para calmar a los especuladores se han llevado por delante la ayuda de 426 euros establecida en el verano de 2009 para paliar las dificultades padecidas por los parados una vez agotadas todas las prestaciones. El Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que nació en plena recesión para ayudar a miles de desocupados que aceptaran participar en un itinerario de inserción laboral, ha sucumbido a las necesidades presupuestarias derivadas de esta nueva fase de la crisis. El presidente del Gobierno anunció ayer su liquidación el 14 de febrero de 2011.

Muchos españoles sin trabajo, que aún albergaban la esperanza de beneficiarse del programa, recordarán el próximo día de los enamorados como la fecha en que expiraron estas ayudas. José Luis Rodríguez Zapatero despejó así la incógnita que planeaba sobre el futuro del Prodi después de que el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunciara su prórroga el pasado 27 de octubre en rueda de prensa y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, le desautorizara después y matizara que sólo habría ampliación si el presupuesto lo permitía.

La ayuda de 426 euros, como se ha conocido durante su vigencia, entró en vigor el 14 de agosto de 2009 para seis meses, pero fue prorrogada dos veces. En la segunda de esas ocasiones el Gobierno restringió los beneficiarios de este auxilio de último recurso. Los parados de entre 30 y 45 años sólo podían cobrarlo si, además de cumplir los requisitos generales, acreditaban tener cargas familiares. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, unas 700.000 personas han percibido estas pagas hasta el 30 de septiembre de este año. Hasta este miércoles, el programa había costado al Estado 1.392,80 millones. Unos fondos que a partir de febrero se quedarán en la caja.

El presidente anunció como contrapartida a la desaparición del Prodi que los servicios públicos de empleo estatal (antiguo Inem) contratarán a 1.500 orientadores laborales más, que tendrán como objetivo favorecer la contratación de los desempleados. El Ministerio de Trabajo detalló que estas personas se sumarán a otros 1.500 profesionales incorporados a raíz del plan de choque contra el desempleo diseñado durante la etapa de Jesús Caldera al frente del departamento. Hasta el 31 de diciembre de 2009 estos orientadores habían atendido a casi 900.000 personas en paro, examinando su perfil, proponiendo programas de formación y reciclaje y señalando el tipo de ofertas más adecuado a sus características.

Junto a las medidas ya descritas, el Consejo de Ministros aprobará mañana la normativa que regulará el funcionamiento de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, tal y como contempla la última reforma laboral en su capítulo de políticas activas de empleo. Se trata de compañías privadas distintas de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) -que se dedican a 'alquilar' trabajadores a otras empresas- cuyo negocio reside en la intermediación laboral. Estas compañías tendrán derecho a cobrar por hacer de intermediarias entre los demandantes de empleo y los empresarios, una función que hasta ahora realizaban gratis los servicios públicos de empleo.

Fernando Lezcano, secretario de Comunicación y portavoz de CC. OO., calificó la decisión de suprimir el Prodi como una medida "profundamente antisocial" porque la ayuda de los 426 euros a los parados sin ingresos era "de las pocas medidas" que se han aprobado en esta legislatura para proteger a los desempleados.