El presidente de la Confederación de las Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, cree que en España se ha llegado a un momento de auténtica "emergencia nacional" y reclamó el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales para que "una instancia con poder" y acceso a los datos del Banco de España, pueda emprender la reforma estructural de la economía y abordar el futuro del sector financiero. Ante la Comisión correspondiente del Congreso sugirió el rescate de las familias hipotecadas que pueden perder su vivienda, y planteó que el Estado y las entidades contribuyan para aliviar la carga financiera que pesa sobre ellas. Para que el crédito fluya a los hogares y las empresas, propuso potenciar fórmulas de riesgo compartido como las líneas de financiación del ICO y urgió reforzar el capital de entidades solventes que, al dispararse la morosidad, corren grave riesgo de dejar de serlo.

No entró el presidente de la CECA en la polémica de las fusiones en curso. Algunos portavoces parlamentarios le pidieron que ejerciera la autocrítica, y otros que se pronunciara sobre la integración de Unicaja y Caja Castilla- La Mancha, una cuestión que obvió. Sólo en comentarios informales reconoció que su anterior pronóstico -un máximo de dos fusiones de cajas tendrán lugar este año- podría quedarse corto. Seguramente habrá más, pero su culminación llevará tiempo, admitió.

Quintás fue citado en el Parlamento, al igual que otros dirigentes del sector del crédito, para exponer su opinión sobre los planes de apoyo al sector financiero y justificar, en su caso, las razones por las que se ha cerrado el grifo de los préstamos. El presidente de CECA fue expeditivo: el Gobierno actuó "de forma inteligente y afortunada" -enjuició-, para impedir el colapso de los mercados mayoristas del dinero. Cumplió su obligación y no hizo ningún regalo al sector, apostilló, porque "a esta altura de la película, el Tesoro lleva ganados 673 millones de euros con las subastas de activos y los avales de emisiones", las dos medidas puestas en marcha.

También negó de forma tajante la acusación, argumentando que, en una economía en plena contracción, el crédito que las cajas de ahorro están dando a empresas y familias, excluido el inmobiliario, crece al ritmo del 21%. Incluso se declaró sorprendido de que la financiación que proporcionan estas entidades a constructores e inmobiliario registre un avance del 2.1%. Y justificó la "caída suave", de los préstamos para la compra de vivienda, porque "la población se ha retirado". "Si hablan de un colapso del crédito, no miren a las cajas", sugirió Quintás a los parlamentarios.

Años de ajuste

Pero el presidente de la CECA pintó después un panorama muy sombrío de la economía española y se apuntó a las tesis de quienes auguran para España un proceso de ajuste largo y doloroso, que se prolongará "varios años". Cajas y bancos van a sufrir las consecuencias, vaticinó, del estallido de la burbuja inmobiliaria, en unos casos, y de la mayor exposición al riesgo de Latinoamérica, continente que no se salvará de la crisis. Quintás repartió los impactos: por el desplome de la construcción están más afectados los bancos, el riesgo promotor afecta por igual a bancos y cajas, mientras estas últimas sufren más el riesgo hipotecario por su condición de líderes en los préstamos para la compra de viviendas, y por haberlos concedido en mayor medida a los inmigrantes, el sector más desfavorecido de la población.

El dirigente de las cajas de ahorro concretó algunas de las propuestas que sometió a consideración de las fuerzas políticas.

Insistió en la recomendación de un rescate hipotecario similar al planteado por el presidente de Estados Unidos Barack Obama. "La moratoria acordada por el Gobierno no basta: hay que adoptar medidas que rebajen la carga de la deuda de las familias que no pueden asumirla", defendió, aunque sin concretar las aportaciones que debieran realizar, respectivamente, el sector financiero y el Estado.

Para que siga fluyendo, a ser posible en mayor medida, el crédito bancario a empresas y familias, Quintás abogó por potenciar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) e incluso sugirió la opción de que el Estado compre nuevas titulizaciones como fórmula de incentivar operaciones de crédito.

Rescate bancario

El presidente de la Confederación de Cajas de Ahorro admitió que algunas entidades españolas pueden necesitar un reforzamiento de su solvencia. Tras descalificar con duros términos al Fondo de Garantía de Depósitos -nos debe preocupar que los vivos no enfermen ni mueran, más que ejercer la función de sepultureros, llegó a decir- suavizó más tarde su postura, al recordar que los FDG no disponen de los recursos suficientes para hacer frente a la actual dimensión de los problemas.

Abogó por el 'rescate' de entidades de solvencia baja, y en ningún caso de proyectos inviables. Estas instituciones se encuentran en riesgo de entrar en zona de intervención en la medida en que está aumentando su morosidad, reconoció. Para ellas, sugirió que, de forma voluntaria y siempre que acepten someterse a condicionamientos férreos, se les pueda ayudar de forma temporal con recursos públicos.

Quintás cree urgente adoptar este tipo de medidas, porque las entidades europeas recapitalizadas se están preparando para el porvenir y porque las autoridades de la zona "cerrarán esa opción" en cuanto hayan sacado a flote a las instituciones de mayor rango.

Y sugirió una fórmula nórdica no explorada hasta hoy: que el Estado avale la emisión de acciones preferentes, con las que bancos y cajas reforzarían su capital, sin incurrir en la participación pública. El procedimiento tiene todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes de las nacionalizaciones, defendió.