En una negociación contrarreloj, y la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe las nuevas exigencias para el sector financiero, las cajas de ahorro aún piden al Gobierno plazos más flexibles para capitalizarse. Insisten en que los planes de salida a bolsa que varias de ellas han puesto en marcha no pueden llevarse a cabo con celeridad ni coincidir todos ellos en el tiempo. Desde el Ministerio de Economía la vicepresidenta, Elena Salgado, les ha respondido que el mes de septiembre anunciado «es definitivo», si bien ha mostrado su disposición a «ser razonable». Algunas entidades ya lo han interpretado así, al dar por válido que sería suficiente tener estructuradas las operaciones antes del otoño.

Junto a una consideración más adecuada de los plazos, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha puesto todo su empeño en conseguir que se amplíe la base de cálculo de la financiación mayorista y quiere que se flexibilicen tanto la definición del 'core capital' o capital básico como los topes establecidos. Estos detalles tan técnicos pueden ensanchar o cerrar el filtro que se utilizará para determinar los requerimientos de solvencia.

La exigencia del 8% de capital básico' que se aplicará a las entidades cotizadas se elevará hasta el 10% para las que no coticen, no tengan una presencia en su capital de al menos el 20% de inversores privados -es decir, las cajas- y que además «hayan presentado durante el trimestre anterior una dependencia media superior al 20% de su crédito a la clientela en financiación mayorista neta de activos líquidos». La CECA quiere computar este último requisito sobre una base más extensa, lo que permitiría excluir de esa obligación a algunas entidades.

Definición de capital básico

La Confederación también pugna con Economía por modificar la definición y los topes del 'core capital' que, según detalló Salgado, van a incluir el capital, las reservas, las primas de emisión, los intereses minoritarios más las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y, transitoriamente, los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones. La suma de todos ellos, a la que se restarán los resultados negativos y pérdidas, los activos inmateriales y los ajustes por valoración, se pondrá en relación a los activos ponderados por riesgo. Determinados matices pueden hacer que el coeficiente de solvencia sea más o menos alto.

El presidente de la CECA, Isidro Fainé, explicó los detalles de esta negociación de última hora ante la asamblea ordinaria de la Confederación. En su intervención, se esforzó por tranquilizar a los asistentes asegurándoles que los cambios emprendidos «permiten a las cajas escoger, en función de sus circunstancias y objetivos», la fórmula de ejercicio de la actividad financiera que más les convenga. Puso como ejemplo «el mantenimiento inalterado» de la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las cajas (Lorca) de julio pasado, por considerar que la futura regulación no incidirá en sus principios básicos. Y advirtió de las dificultades adicionales que se van a plantear en un año difícil, marcado por la presión sobre el negocio -altos costes del dinero, tipos de interés en niveles bajos, crecimiento débil- en el que habrá nuevas pruebas de solvencia.

La asamblea despidió al director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, que se jubila a finales de mes, y dio la bienvenida a su sucesor, José María Méndez. En la etapa que ahora se inicia, una de las principales funciones de la organización, resaltó Fainé, consistirá en «apoyar decididamente a todos los procesos de integración de las cajas que ya están en marcha». También pidió a los dirigentes del sector que «sin temer al cambio, luchen por conservan la esencia del modelo de estas entidades de ahorro».