El PSOE se quedó solo en sacar adelante su reforma laboral. Las abstenciones de CiU y PNN permitieron que la norma continúe su tramitación parlamentaria, especial y de urgencia para que la ley entre en vigor a primeros de septiembre. El texto se votó en comisión para su traslado al Senado. Los 18 diputados socialistas dieron su sí, mientras que los 16 del PP, el uno de IU-ERC-ICV y el uno del grupo mixto votaron en contra, lo que produjo un empate.

Sus señorías tuvieron que recurrir al llamado "voto ponderado", es decir, a la correlación de fuerzas en el Congreso para que la reforma laboral pudiera continuar su camino parlamentario. Así no hubo problemas, puesto que el PSOE con sus 169 escaños es el partido mayoritario en la cámara.

La jornada parlamentaria fue caótica, los portavoces más antiguos insistían en que nunca habían vivido semejante desconcierto. Hubo replicas y contrarréplicas entre los diputados, y acusaciones sobre que los documentos a debatir no eran los apropiados. Carles Campuzano, de CiU, dio la voz de alarma. Avisó que el PSOE había introducido en el texto remitido a la comisión sus 17 enmiendas transaccionales (apoyadas por dos o más grupos) sin que fueran aprobadas por los grupos. Desde las filas socialistas se resaltó que CiU estaba muy contrariada por la inadmisión de uno de sus cambios planteado, con el que pretendía que la variación de las condiciones laborales en una empresa corra a cargo de los responsables de la propia compañía y, si los trabajadores no estaban de acuerdo con las modificaciones adoptadas, sería a ellos a quienes correspondiera acudir a los tribunales. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares aseguró que la situación era la consecuencia de a 'los coqueteos' que los socialistas habían mantenido con CiU desde hace semanas.

Después de nuevos recesos y conversaciones inhabituales en la cámara, el PSOE presentó otras enmiendas transaccionales, al parecer negociadas con el PNV y con CiU a cambio de que ambos grupos se abstuvieran en la votación del texto definitivo, lo que les permitiría ganar a través del voto ponderado. Si las fuerzas nacionalistas hubieran rechazado la posición del PSOE el proyecto hubiera concluido su tramitación parlamentaria en comisión este jueves o lo que es lo mismo la norma no hubiera prosperado.

El paso del texto de manera abreviada por las cámaras (aún queda el Senado) ha evitado el pronunciamiento, en el pleno, de los diputados y de aquellos representantes socialistas procedentes de UGT molestos con la forma y el fondo de la reforma laboral decretada. Igualmente, Antonio Gutiérrez, perteneciente a ese grupo, no tuvo la oportunidad de reiterar su rechazo al proyecto.

Uno de los capítulos más polémicos es el que se refiere a las causas del despido objetivo económico. A última hora, el PSOE que había sido partidario de que entre los motivos para la expulsión justificada de los trabajadores figurara la caída relevante de beneficios y la falta de liquidez varió su postura. Quitó ambas razones e introdujo "la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo".

No obstante, la empresa que use esas causas tendrá que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar su posición competitiva en el mercado. La enmienda prosperó por 19 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones. El si perteneció al PSOE y al PNV; y el no al PP y a IU-ERC-ICV. El grupo mixto y CiU se inhibieron.