El coste de las medicinas bajará en agosto

La rebaja del coste de los medicamentos no sometidos al sistema de precios de referencia anunciada por el Gobierno entrará en vigor el próximo mes de agosto, según anunció ayer el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos. Las medidas de reducción del gasto farmacéutico supondrán un ahorro estimado de 1.300 millones de euros, que se derivarán en 1.050 millones de ahorro por la reducción de precios de medicamentos y en torno a los 250 millones por la modificación y ajuste de los envases y las prescripciones de los fármacos a las necesidades del paciente.

Olmos precisó que tendrán un mayor recorte los medicamentos con patente que más tiempo lleven en el mercado. Así, si las patentes tienen un periodo de validez de aproximadamente diez años, los fármacos de ocho, nueve y diez años en el mercado "serán los primeros en ver reducido su precio". Estas medidas, según precisó, "aliviarán el bolsillo de los ciudadanos", al ahorrarse 70 millones de euros en su aportación a la hora de adquirir fármacos subvencionados por el sistema público.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admitió que son medidas "difíciles y duras de adoptar", pero tienen como objetivo "fortalecer la sostenibilidad y equilibrio del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

Estos recortes han caído como un nuevo jarro de agua fría en la patronal de la industria farmacéutica. Farmaindustria considera 'inasumible' la situación que se crea. A juicio de su presidente, Jesús Acebillo, "el sacrificio de la industria farmacéutica superaría los recortes salariales de los empleados públicos en toda España".

Acebillo advirtió que supondrán "la destrucción del actual modelo de industria farmacéutica que opera en España". Alertó de que se producirán graves restricciones del empleo en el sector, como la pérdida de unos 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos, e insistió en que habrá cierre de plantas productivas. También serán dañadas las actividades de investigación, con la disminución de más de 300 millones de euros al año en este apartado.

Dependencia

Asimismo, las medidas de ajuste presupuestario que afectarán al desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia permitirán liberar 1.081 millones de euros que permitirán la incorporación al sistema de unas 70.000 personas que actualmente se encuentran en lista de espera. Así lo explicó Trinidad Jiménez, quien admitió que se practicará un ajuste, toda vez que es necesaria "una medida de agilización y mejora de funcionamiento de la Ley de Dependencia". Así, "se obliga a las comunidades autónomas a resolver la solicitud y el reconocimiento del derecho en seis meses", dijo.

Jiménez garantizó a las personas dependientes que recibirán los servicios y las prestaciones económicas que les correspondan, porque las medidas adoptadas con respecto a la retroactividad servirán para resolver "situaciones pendientes" y afectarán sólo a quienes no se ha valorado todavía.