La lucha contra los hospedajes ilegales es insuficiente, denuncian los hoteleros

Las comunidades autónomas se comprometieron hace dos años a regularizar el mercado de las viviendas turísticas, pero los resultados operativos del sector reflejan que el intrusismo es una práctica en auge y que las medidas para acabar con él han sido ineficaces. Juan Andrés Melián, Presidente de la Mesa del Turismo, afirma que la limitada efectividad obedece a la negativa gubernamental de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Para esta agrupación, eliminar el vacío legal de esa norma, que permite alquilar por temporadas sin declarar el uso turístico, reduciría significativamente el negocio ilegal, aunque también urge endurecer las sanciones legales y vigilar de cerca el desarrollo del mercado. "El volumen de clientes que alcanzan los alojamientos ilegales es tal que ya no afecta solamente a la imagen de los destinos turísticos, sino que perjudica la capacidad de España para captar inversiones en este sector, uno de los motores de la economía nacional", agregó Melián.

Ciutat Vella, uno de los distritos más afectados por el hospedaje ilegal en el municipio de Barcelona, fue de los primeros en tomar medidas para contrarrestar el intrusismo turístico, al ponerse en marcha un Plan de Usos que regulaba los apartamentos turísticos. A los seis meses de su entrada en vigor había emitido un total de 850 órdenes de cese de actividad a pisos que no podían ser legalizados y debían ser usados únicamente como viviendas residenciales.

La Dirección General de Turismo de la Generalitat realizó un estudio sobre la situación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso vacacional, y se comprometió a trabajar con Federatur, entidad que agrupa las compañías de este subsector. Se definirán los parámetros sobre las distintas categorías y en la implantación de un modelo propio de calidad encaminado a clasificar los apartamentos turísticos en un ranking similar al de las estrellas en los hoteles.

Actualmente, cada propietario tiene la obligación de adquirir una licencia municipal para ejercer como "minihotelero". A su vez, la Generalitat ordenó que los apartamentos turísticos estén en edificios que únicamente se dediquen a esta actividad comercial.

La Dirección General de Turismo de Asturias trabaja con la Asociación de Fomento y Turismo de Llanes (Fomtur), para reducir las plazas ilegales en el Principado. Elisa Llaneza, directora general de turismo, confirmó que se habían realizado un total de 2.651 visitas de control y se habían impuesto 654 sanciones en 2007 y en lo que va de este ejercicio. De ellas, 522 fueron de grado medio y 132 graves, lo que supone el cierre del 'negocio' y sanciones económicas de hasta 100.000 euros. Para Llaneza, el boom urbanístico incide en el problema, dado que muchas personas que no pueden pagar los créditos inmobiliarios optan por alquilar fraudulentamente sus viviendas. La publicidad que los establecimientos irregulares hacen en portales de internet es definitiva para la proliferación de esta práctica ilegal en el Principado.

Regularización

Un destino turístico por excelencia son las Islas Baleares, donde el intrusismo también es una tendencia en alza. Allí, el Govern, los hoteleros y la caja de ahorros Sa Nostra, se unieron para crear una empresa encargada de gestionar la bolsa de viviendas ilegales que se den de baja. Según el gremio hotelero balear existen entre 5.000 y 6.000 hospedajes ilegales y el proceso de legalización consiste en cobrar 11.000 euros por cada cama irregular. El dinero recogido se utilizará para rehabilitar y optimizar las zonas turísticas. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, el sector hotelero no se verá afectado por este procedimiento pues se trata de una oferta que llevaba años comercializándose.

La Dirección Xeral de Turismo de Galicia aseguró que el intrusismo se ha convertido en un problema grave que entorpece el esfuerzo de ofertar a esta comunidad como un destino turístico de calidad y excelencia en todos los aspectos. En consecuencia, el mes pasado se adoptó una norma que prohíbe el alojamiento en viviendas particulares y en habitaciones sueltas. Por otra parte, los contratos tienen que hacerse con empresas registradas ante la Administración y por la totalidad del inmueble, que contará con la clasificación turística correspondiente. El incumplimiento de la ley conllevará sanciones de hasta 6.000 euros además del cierre del negocio.