La Fiscalía denuncia a 175 controladores por sedición

La Fiscalía de Madrid dio ayer el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a las decenas de controladores aéreos que el pasado puente de la Constitución sembraron el caos en los aeropuertos de España al abandonar de forma masiva sus puestos de trabajo y dejaron en tierra a varios cientos de miles de pasajeros. El ministerio público denunció ante los juzgados de instrucción de Madrid a los controladores que, según informó AENA, se ausentaron de las torres de control de Barajas y Torrejón de Ardoz sin motivo justificado los pasados 3 y 4 de diciembre.

La denuncia, por el momento, es exclusivamente por sedición y se basa en dos preceptos. El primero es el artículo 545 del Código Penal, que fija penas de ocho a diez años de cárcel y la inhabilitación para empleo o cargo público por ese mismo tiempo para aquellos empleados que hayan "inducido, sostenido o dirigido" el motín, y además castiga con condenas de cuatro a ocho años a los que, sin ser cabecillas de la revuelta, hayan participado en ella.

El segundo artículo que invoca la Fiscalía es el 20 de la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea de 1964, que establece "pena de prisión menor como reos de sedición" a "los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el comandante o jefe respectivo".

Al delito de sedición podrían sumarse otros. La Fiscalía está a la espera de que avancen las investigaciones para decidir si cabría acusar a los controladores de falsificación documental -en el caso de que hubiera certificados médicos sin estar enfermos- o por abandono de destino.

El escrito presentado en Madrid no es nominativo, osea, no identifica con nombres y apellidos a los supuestos sediciosos ya que, en puridad, no es una denuncia sino un oficio remisorio en el que se da cuenta exclusivamente del posible ilícito. No obstante, la Fiscalía de Madrid pedirá de inmediato el interrogatorio de los que podrían convertirse en los primeros imputados por el motín: los 175 vigilantes que, según AENA, se ausentaron sin motivo de sus puestos en los dos aeródromos madrileños.

A partir de ahora, será el Decanato de los juzgados ordinarios madrileños el que decida si manda a reparto esta causa o si unifica toda la investigación en alguno de los juzgados donde ya hay otras demandas de particulares u organizaciones, como el sindicato Manos Limpias.

Descentralizado

La causa de Madrid es la más avanzada habida cuenta del elevado número de afectados en la capital de España, pero no centralizará todas las demandas de los damnificados, según explicaron responsables del departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido.

Estas fuentes precisaron que las diferentes fiscalías provinciales tienen previsto, como ha hecho ya Madrid, judicializar el caso en breve. Estas fiscalías serán las que pidan el procesamiento de los otros 267 controladores que se ausentaron de sus puestos en el resto de aeropuertos del país. El objetivo, insistieron fuentes judiciales, es sentar en el banquillo a los 442 vigilantes que, según AENA, se marcharon de las torres de control sin justificación y contra los que el Ministerio de Fomento ya ha abierto expediente.

De la contundencia con la que el Ministerio Público quiere actuar en este asunto dio cuenta el fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, quien garantizó que su departamento "intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias". De hecho, la Fiscalía General de Estado estudia si dar instrucciones a sus diferentes delegaciones para que soliciten a los juzgados el embargo de los bienes de los controladores para afrontar posibles indemnizaciones millonarias. Esta idea fue lanzada el martes por la Cámara de Comercio de Madrid, personada como damnificada.

Notarías en varias ciudades

Entre tanto, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, la plataforma que comienza a aglutinar a la mayoría de los damnificados, se ha movilizado para habilitar 150 notarías en varios puntos de España para centralizar las denuncias y firmar los poderes para pleitos. La mayoría de estas improvisadas 'ventanillas' estarán en las ciudades donde mayores problemas se produjeron, tales como Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Tenerife, Zaragoza, Sevilla o Valencia.