La CNE insiste en que la luz debe subir el 11,3% y descalica la reforma de Industria

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) insiste en que la luz debe encarecerse el 11,3% a partir del 1 de julio, porque le parece "insuficiente" la media del 5,6% que propone el Ministerio de Industria. El Consejo del organismo regulador, que se queja de no haber dispuesto del tiempo necesario para analizar un asunto tan importante y que afecta a tantos consumidores, ha emitido un informe que descalifica las propuestas de Miguel Sebastián, y en particular la forma en que se va a determinar la 'tarifa social'.

Argumenta que utilizar el criterio de la potencia contratada para eximir de una parte del pago a quienes no pasan de los 3 KW, y no tomar en cuenta la diferente renta de los hogares, puede beneficiar a quien no lo precisa y dejar al margen a los más necesitados.

La discrepancia entre la CNE y el Ministerio es total, si bien el informe del regulador no es vinculante y la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros que decidirá sobre el tema el próximo 26 de junio.

La Comisión asegura que si la tarifa eléctrica sube únicamente el 5,6% de media, el déficit seguirá engordando más allá de los 4.800 millones ya reconocidos. Los consumidores no tendrán una referencia del coste real de la energía que utilizan pese a que al final terminan por pagarla en forma de recargo durante los próximos 14 años, que es como se financian los 'números rojos' generados por el funcionamiento del sistema, argumenta.

La no inclusión de la totalidad de los costes tendrá efectos negativos sobre la actividad de comercialización, añade, al tiempo que estima en 2.700 millones el déficit de las actividades reguladas para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, según su propio escenario. Son cifras que se añaden a los 14.500 millones ya acumulados.

Renta familiar

La CNE, que apoya el establecimiento de una tarifa social, critica su financiación por el sistema eléctrico. Pero, sobre todo, considera que debiera articularse en función de la renta de los consumidores, y sugiere como procedimiento de medida el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que ya se emplea para la concesión de ayudas, becas y subsidios.

Finalmente, la Comisión Nacional de la Energía censura el sistema por el que ha optado el Ministerio de Industria para incentivar el ahorro a través de la tarifa, por entender que la progresividad se aplica sobre umbrales de consumo "no motivados convenientemente". En la propuesta oficial, junto a un mínimo exento de 150 kw/hora al año, se mantiene un precio por kw más elevado para los diferentes tramos de potencia contratada y se establece una penalización a quienes consumen más de 1.000 kw/hora cada dos meses. De todo ello resultan subidas que van entre el 7% y el 16% prácticamente para la mitad de los 25 millones de usuarios domésticos.

"Cuando una medida afecta a gran número de clientes con características de consumo muy diversas y conocidas, debe analizarse y justificarse de forma exhaustiva, porque puede dar lugar a efectos inesperados e indeseados sobre el consumo", concluye el organismo regulador.

La CNE reitera, en su resolución, la necesidad de establecer prórrogas para los afectados por la desaparición de determinadas tarifas, advierte de que la ausencia de interruptores de control de potencia no debe ser limitante para beneficiarse de los nuevos precios por diferencias horarias, y recuerda que la aplicación de los cambios puede acarrear problemas a los suministradores, que habrán de simultanear estas modificaciones con los preparativos de la tarifa 'de último recurso', aquella a la que podrán acogerse los usuarios domésticos cuando llegue, dentro de un año, la total liberalización eléctrica.