La sanción a la central nuclear de Ascó (Tarragona) por los incidentes registrados en noviembre del pasado año, que incluyeron la detección de partículas radiactivas en el exterior del edificio, podrá oscilar entre 9 y 22,5 millones de euros, la máxima impuesta a una instalación de este tipo.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha acordado proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la apertura de un expediente sancionador a esa central, que incluye cuatro propuestas de sanción graves y dos leves, ha informado el CSN en una nota.

Las conclusiones del Pleno se fundamentan en que, aunque no ha existido daño a la población ni al medio ambiente y la estimación en términos de riesgo es remota y de carácter leve, se han producido fallos significativos en el control y el suministro de información al Consejo por parte del titular de la planta.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad y será ahora el Ministerio de Industria el que deberá iniciar el expediente y aplicar la sanción que corresponda.

La propuesta del Pleno incluye una sanción grave en grado máximo, cuya cuantía oscila entre 4,5 y 9 millones de euros; tres graves en grado medio (entre 1,5 y 4,5 millones) y dos leves en grado medio (de 15.000 a 150.000 euros), de acuerdo con la ley de reforma del CSN.

Esa ley, aprobada el pasado mes de octubre, elevó las sanciones hasta un máximo de 30 millones de euros, diez veces más de la multa que se podía imponer hasta ese momento.

Las instalaciones de la central registraron el 29 de noviembre del pasado año un escape de partículas radiactivas procedentes de la ventilación de la planta atómica, aunque el incidente no se conoció públicamente hasta principios de abril.

El Consejo de Seguridad Nuclear clasificó en principio el suceso de nivel 1, aunque posteriormente lo elevó hasta el 2 (incidente), de acuerdo a la escala internacional INES que mide este tipo de incidentes, que abarca desde el 0 (sin significación para la seguridad) hasta el 7 (accidente grave).

Aunque todos los datos recopilados apuntaban que el impacto radiológico sobre la población y sobre los trabajadores de la central nuclear estaba por debajo de los límites legales, la empresa realizó mediciones de radiactividad a todas las personas que pasaron por el emplazamiento desde el 28 de noviembre.

La propuesta de sanción grave en grado medio se fundamenta en una emisión radiactiva con potencial de superación del límite anual de dosis para visitantes en el interior del doble vallado de la central establecidos.

Además, el CSN asegura que la central no estableció un control de contaminación externa del personal una vez descubierta la contaminación del emplazamiento y no clasificó, señalizó ni delimitó radiológicamente las zonas de libre acceso de la central tras la detección de partículas calientes el 14 de marzo de 2008 y en fechas posteriores, por lo que propone una sanción grave en grado medio.

Según el Consejo, Ascó incumplió también la instrucción sobre notificación de sucesos de centrales nucleares en operación y no proporcionó información pronta y veraz sobre la contaminación en la zona de libre acceso.

Los responsables de la planta tampoco dejaron constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en esa zona de libre acceso.

Por su parte, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav), titular de la instalación, ha informado en un comunicado de que analizará detalladamente la propuesta y efectuará las alegaciones pertinentes tan pronto como ésta sea notificada al Ministerio de Industria.

Insuficiente para los ecologistas

Representantes de organizaciones ecologistas calificaron de insuficiente la propuesta de sanción y consideran que debería alcanzar los 300 millones de euros. En este sentido, advirtieron de que la decisión "minimiza el impacto del accidente" (fuga de partículas radiactivas en el interior y exterior del emplazamiento).

El portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejo, dijo que la sanción, que podría oscilar entre los 9 y los 22,5 millones de euros, supone "un mal comienzo", pues aunque "ninguna de las sanciones contempladas por la ley es satisfactoria", esperaban "mayor firmeza e independencia" por parte del organismo regulador de energía. "Tendría que haber llegado a la sanción máxima de 300 millones de euros", recalcó.

A su juicio, las sanciones económicas "no son disuasorias ni suficientes", ya que el suceso fue "muy grave" porque se ha demostrado que hubo "mala práctica, que se manipularon los medidores y se ocultó información, mientras grupos de niños de colegio visitaban las instalaciones" de la central de Ascó I.

Por su parte, Greenpeace manifestó su opinión "absolutamente negativa" sobre la propuesta de sanciones. Así, la responsable de cambio climático y energía de Greenpeace, Sara Pizzinato, dijo que las seis sanciones que propone el Consejo son "demasiado flojas y pequeñas", y añadió que lo son en comparación "con el beneficio económico que el titular ha ganado en los últimos meses" tras su decisión de "salir adelante".

Pizzinato recalcó además que el 86 por ciento de las partículas radiactivas detectadas superaba el nivel de dosis de radiación para el público."Sí ha habido afectación en la salud pública y en el medio ambiente", sentenció.

En todo caso, advirtió de que la ONG estará "muy atenta" a la sanción que imponga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, aunque se mostró poco sorprendida por la cuantía. "Era imposible que no hubiera sanción después del cúmulo de irregularidades de la central", concluyó.