Los socios europeos siguen aumentando la presión sobre el Gobierno griego para que reduzca drásticamente su abultado déficit presupuestario, sin ofrecer a cambio ningún detalle sobre los instrumentos que se utilizarían para acudir en su rescate si fuera necesario.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE han tomado en Bruselas una serie de decisiones que imponen a Grecia un exigente calendario para el ajuste, y le han instado a emprender de forma inmediata amplias reformas estructurales.

De este modo, las autoridades griegas deberán anunciar el 16 de marzo más medidas de ajuste de las aprobadas hoy, en el caso de que el proceso de consolidación presupuestaria se aleje del objetivo de reducción del déficit fijado.

Por lo que respecta a eventuales ayudas financieras, los Veintisiete han preferido atenerse a la letra de la declaración acordada el pasado jueves por los líderes europeos, según ha destacado la ministra española, Elena Salgado, que ha presidido la reunión del Consejo Ecofin.

En la cumbre de la semana pasada, los gobernantes de la UE se comprometieron a tomar "medidas determinadas y coordinadas" para preservar la estabilidad de la zona euro, en caso de que las dificultades de financiación de Grecia se agravaran y la inestabilidad se contagiara.

Desde entonces, los responsables europeos mantienen el silencio sobre qué medidas arbitrarían.

Las reglas de la unión monetaria prohíben a la Comisión y al Banco Central Europeo financiar el endeudamiento de un miembro de la zona, y no está claro si un mecanismo de ayudas bilaterales directas sería compatible con el tratado.

Alemania, principal potencia económica europea, se mantiene firme en su rechazo del argumento griego según el cual si se anunciara ya un plan concreto de rescate los mercados aliviarían la presión sobre sus bonos.

"El problema de Grecia es sobre todo un problema griego, un problema interno griego", dejó claro anoche el presidente del Eurogrupo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, tras una reunión de los ministros de la zona en la que se fijaron la líneas de lo aprobado hoy por los Veintisiete.

Juncker lanzó, no obstante, un claro envite a los especuladores: "los mercados se equivocan si creen que pueden poner a Grecia de rodillas".

Oleada de protestas y huelgas

Entre el jueves y este martes, el gobierno de George Papandreu, que afronta en casa una oleada de protestas y huelgas, ha tenido que ceder en otro punto ante sus socios.

Además de las medidas incluidas en el plan actualizado de estabilidad 2010-13, negociado a mediados de enero con Bruselas, Atenas deberá tener preparadas para dentro de un mes "medidas adicionales", si la corrección del déficit no avanza al ritmo adecuado.

Entre esas medidas, los europeos ya han señalado la más que probable subida del IVA y tal vez una congelación o recorte de los salarios del sector público.

El presupuesto griego queda a partir de hoy bajo la vigilancia estrecha de las autoridades comunitarias.

Según ha anunciado el nuevo comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, una misión de expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional viajará en cuestión de un par de días a Atenas.

Bajo la presión de Bruselas, el gobierno griego se ha comprometido a reducir el déficit público en 2010 del 12,75% actual al 8,7% del PIB, lo que representa un recorte inusitado de cuatro puntos porcentuales.

Además, de acuerdo con el programa de estabilidad avalado hoy por el Consejo Ecofin, el déficit deberá situarse de nuevo en 2012 bajo el umbral del 3% del PIB, como obligan las reglas del euro.

El comisario ha confirmado además la apertura de un procedimiento de infracción contra Grecia por haber manipulado sus estadísticas relativas al estado de las finanzas públicas.

Igualmente, la Oficina de estadística comunitaria, Eurostat, ha solicitado a los responsables griegos información sobre las operaciones con divisas y productos derivados que, según ha trascendido, podrían haber ayudado en el pasado al Tesoro griego a camuflar las verdaderas cifras de deuda.

El asunto, según Rehn, "debe ser investigado en profundidad", a fin de comprobar que todas las reglas de la unión económica y monetaria han sido respetadas.

Preguntada en la rueda de prensa final del Ecofin por el caso de España, la ministra Salgado ha asegurado que el Gobierno español no ha recurrido a ninguna operación con productos derivados, ni ha recibido ninguna oferta, como las que se sospecha que pudo haber aceptado Grecia.

"Si se hubiera recibido, no habría sido aceptada", ha dicho la ministra.