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Economía
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reducción del gasto público

La Audiencia Nacional duda de que el recorte salarial de los funcionarios sea constitucional

El Gobierno afirma que la medida, cuestionada en una providencia de la Sala de lo Social, es plenamente legal.

Protesta contra el recorte salarial a los funcionarios, en junio pasado en Huesca.
La Audiencia Nacional duda de que el recorte salarial de los funcionarios sea constitucional
RAFAEL GOBANTES

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional duda que el recorte salarial a los funcionarios, decretado por el Gobierno dentro de las medidas de ajuste para contener el déficit, respete la Constitución. Así consta en un auto aprobado por unanimidad por los magistrados de la Sala el pasado 30 de septiembre y dado a conocer ayer por el sindicato Comisiones Obreras. El tribunal apunta que el tijeretazo "podría afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical "en relación con el derecho a la negociación colectiva".

Y es que, ya cuando se anunció el recorte medio del 5% en la retribución de los funcionarios en régimen laboral, el pasado 20 de mayo, los distintos sindicatos recordaron que el Gobierno tenía suscritos acuerdos y convenios colectivos en el ámbito del funcionariado que garantizaban en algunos casos un alza del 0,3% de los salarios en 2010.

El Gobierno se defiende

El Ejecutivo reconoce que su decisión rompe con lo suscrito, pero recuerda que el propio Estatuto del Empleado Público incluye la posibilidad de una revisión si concurren circunstancias excepcionales y por causas de interés público como una grave crisis económica. Por eso fuentes del Gobierno salieron ayer al paso de la decisión judicial para asegurar que la medida es plenamente legal.

Las mismas fuentes recordaron que la providencia de la Audiencia Nacional no prejuzga nada y que el procedimiento está aún en sus primeros compases.

La resolución se enmarca en una demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos UGT, CC. OO. y el Sindicato Autónomo de Trabajadores-Nueva Plataforma (SATNP) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la Fábrica de Moneda y Timbre. Ahora, las partes -incluida la abogacía del Estado- tienen un plazo improrrogable de diez días para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.

El letrado del Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras, Enrique Lillo, apuntó que esta providencia refuerza la posición defendida por la central sindical frente a la reducción salarial a los funcionarios. El sindicato subrayó en un comunicado que mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales que inició en defensa de los cerca de tres millones de empleados públicos afectados.

En la misma línea, UGT añadió que el texto legal apoya los argumentos que defendían. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) se felicitó por la decisión judicial que entienden como un soplo de oxigeno para continuar con sus movilizaciones ante el convencimiento de que "los empleados públicos no pueden ser quienes paguen los platos rotos de la política económica del Gobierno para salir de la crisis".

Diferencias

La Audiencia muestra también sus dudas sobre la constitucionalidad de la disposición adicional novena del decreto anti déficit y "la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad". Y es que los magistrados recuerdan que se excluyó del recorte al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y Aena, salvo que a través de la negociación colectiva las partes así lo decidieran.

El recorte, con el que el Gobierno pretende ahorrarse 4.500 millones entre el presente ejercicio y el próximo, provocó airadas reacciones entre los funcionarios, que llegaron a celebrar una huelga general -que tuvo muy poco éxito- el día 8 de junio. Los tribunales aún deben pronunciarse sobre otros recursos presentados ante el Tribunal Supremo y la propia Audiencia.

El 23 de enero de 2001, la Audiencia Nacional ya sentenció en contra de la congelación salarial impuesta a los trabajadores de la función pública, dictamen que fue recurrido por el Gobierno y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo el 26 de febrero de 2002.

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