La Unión Europea consumó ayer un cambio verdaderamente trascendental en su entramado económico básico al aceptar sus líderes, reunidos en cumbre, poner en marcha un Mecanismo permanente de Estabilidad Financiera, que auxiliará a los países miembros en dificultades para financiar sus deudas soberanas.

El mecanismo, cuyo monto total era aún desconocido al cierre de esta edición, sustituirá al puesto en marcha el pasado mes de junio, por un importe total de 750.000 millones, cuando llegue al término de su vigencia, en junio de 2013. Entrará en vigor el 1 de enero de ese mismo año. Será un mecanismo de cobertura financiera específico de la UE, cuya intervención estará condicionada al cumplimiento, por parte del requiriente, de condiciones extremadamente severas, entre las que se cuenta la aceptación de una supervisión exhaustiva por instancias técnicas del Fondo Monetario Internacional, la Comisión europea y el BCE.

Exigencias alemanas

Atendiendo a exigencias alemanas, un estado de la zona del euro podrá verse forzado a reestructurar su deuda y los inversores privados que detenten títulos de ella podrán sufrir quitas o reescalonamientos en la percepción de sus haberes.

Se trata de una muy polémica condición que fue pactada por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy en su cumbre bilateral de Deauville, el pasado 18 de octubre y que, mal aceptada en el mundo de las finanzas, ha sido la causa de algunos de los vaivenes recientes en los mercados de la deuda.

La creación de ese nuevo mecanismo financiero requerirá una reforma limitada del Tratado de Lisboa, que la cumbre ha asumido.

Afectará a su artículo 136, al que se le añadirán dos párrafos para posibilitar que los países de la zona del euro puedan prestarse dinero unos a otros, lo que actualmente está prohibido.

En el nuevo artículo

Las reformas en la gobernanza económica de la zona del euro, pactadas en el marco del grupo de trabajo presidido por el presidente Hermann Van Rompuy desde el verano, con la alusión específica a las sanciones semiautomáticas para los países que incumplan la disciplina presupuestaria, estarán contempladas en el nuevo artículo.

El actual artículo 48 del tratado facilita las revisiones limitadas del derecho básico europeo, siempre y cuando no se produzcan nuevas transferencias de soberanía a las instituciones comunes. Por ello, sin duda, Brian Cowen, el primer ministro irlandés, decía a su llegada a Bruselas que la reforma no requerirá un referéndum en su país.

En principio, el nuevo mecanismo financiero estará asignado a los países miembros de la zona del euro -16 actualmente, 17 en enero con la entrada de Estonia-, pero estará abierto a que otros socios de la Unión Europea no miembros del euro participen en rescates de un país del euro. Es lo que está sucediendo actualmente con Irlanda, que recibe ayuda financiera del Reino Unido, Dinamarca y Suecia, todos ellos no adscritos al euro.

Los acuerdos de la cumbre de Bruselas tendrán que ser desarrollados por la Comisión europea como muy tarde en marzo de 2011. Bruselas tendrá que definir el contenido y la participación del capital privado en el nuevo esquema de la deuda soberana de la zona del euro, la condicionalidad de las ayudas (los seis puntos ya propuestos al respecto por la Comisión) y los montos de la financiación.

El esquema puesto a punto por el Consejo Europeo constituye el mayor cambio acontecido a la Unión Monetaria europea desde su creación, en 1999. Busca reforzar las garantías de los socios del euro frente a comportamientos frívolos o fraudulentos de sus miembros, como han sido los casos de Irlanda o Grecia, que han debilitado la credibilidad de la moneda común en los mercados cambiarios. Pero pretende también hacer más difícil a los especuladores enriquecerse a costa de la miseria ajena.

El Gobierno español está convencido de que los socios europeos, reunidos ayer y hoy en Bruselas, no pedirán a España nuevas medidas de ajuste económico para frenar los ataques que está sufriendo la deuda soberana de la zona del euro. Fuentes de la delegación española que acompaña al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la cumbre europea descartaron por completo esa posibilidad.