Italia aprueba un vasto plan de liberalizaciones para relanzar la economía

El Gobierno italiano, presidido por el excomisario europeo Mario Monti, aprobó un vasto plan de liberalizaciones en distintos sectores como el de los transportes o la energía para relanzar la maltrecha economía de Italia, amenazada de nuevo por la recesión.

Tras un Consejo de Ministros de ocho horas de duración, Monti informó en rueda de prensa sobre el contenido de las medidas, dentro de la llamada "fase 2" de su Gobierno, tras el plan de austeridad de más de 30.000 millones de euros de diciembre.

El primer ministro indicó que las reformas estructurales están pensadas para poner fin a dos de los tres lastres que han frenado el crecimiento económico en las últimas décadas, la "insuficiente competencia de mercado y lo inadecuado de las infraestructuras".

"Tenemos en cuenta que habrá comentarios negativos, porque muchos prefieren el 'status quo' antes que afrontar nuevos desafíos", comentó el mandatario, quien dijo que el plan entra dentro de sus objetivos de rigor, equidad y crecimiento.

"Competencia y liberalización no significa introducir un poco más de jungla para favorecer la economía, sino desde nuestro punto de vista eliminar barreras, sobre todo para los jóvenes, pero también una rigurosa actividad de limitación de los poderes públicos con reglas de mercado", añadió.

El decreto ley pretende ampliar de 18.000 a 23.000 el número de farmacias, liberalizando además sus horarios y turnos de trabajo, así como que se puedan hacer descuentos en algunos medicamentos.

Además, el plan elimina las llamadas "tarifas profesionales", tanto las mínimas como las máximas cantidades de dinero que el profesional debía exigir al cliente, y establece la ampliación a 500 nuevos miembros del cuerpo de notarios.

Según Passera, antiguo máximo responsable de la segunda entidad financiera de Italia, Intesa Sanpaolo, estas liberalizaciones pretenden "abrir nuevos sectores de actividad y mejorar la competencia de los ya existentes".

El ministro de Desarrollo Económico citó en primer lugar al sector del gas, el más relevante de la política energética, y al de la distribución de carburantes, con medidas para facilitar la creación de "distribuidores independientes y el autoservicio".

Se refirió además a las "liberalizaciones y privatizaciones donde sea posible" en los servicios públicos municipales, como el del transporte, para "crear operadores en disposición de estar en el mercado y de asegurar servicios para los ciudadanos".

"Puede haber aspectos que afecten a las privatizaciones, pero lo que es crucial para nosotros no es tanto si una empresa es de propiedad pública o privada. Es relevante si esa empresa se mueve en un ámbito de competencia o no", precisó Monti.

En declaraciones posteriores a la televisión cifró en un 10 % el aumento de la productividad que puede tener en los próximos años la economía italiana si se alcanzan "grados de flexibilidad" similares a los de otras potencias económicas.

El decreto ley, que deberá ahora someterse al examen de los partidos políticos en el Parlamento, crea además la figura del Tribunal para las Empresas y la Sociedad Simplificada para la Responsabilidad Limitada (SSRL).

Este nuevo tipo de sociedades las podrán constituir los jóvenes de menos de 35 años sin intervención del notario y a partir de un solo euro de capital empresarial.

En el nuevo plan del Gobierno tecnócrata se incluyen además medidas para el sector del taxi, con la institución de las licencias a tiempo parcial, el permiso para operar fuera de las ciudades en las que habitualmente presten su servicio y la ampliación del número de licencias, que deberá determinar una autoridad de cada municipio.

Este último punto del decreto ha despertado las iras de los taxistas, que han llevado a cabo protestas las últimas semanas, pero no son el único colectivo descontento, pues el de los abogados y los distribuidores de gasolina también ha anunciado huelgas.

La próxima semana el Gobierno italiano, según anunció Monti, afrontará el tercer lastre del crecimiento económico del país, el de la "gran complicación de los procedimientos administrativos".