El Gobierno insiste en que no hay "propuesta oficia definitiva" para la reforma laboral, y solo admite que puedan existir borradores que se verán sometidos, en su caso, al potencial acuerdo entre las partes. En medio de la tormenta desatada por la posibilidad de que se flexibilice el despido con indemnización de 20 días, o se generalice el contrato con 33 días de compensación, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega se encargó de precisar, al término del Consejo de Ministros, que nada puede darse por seguro en tanto no transcurra el plazo fijado para apurar las negociaciones. Es decir, que solo irá al Boletín Oficial del Estado lo que apruebe el Consejo de Ministros del 16 de junio.

"Si hay acuerdo -insistió- se irá de la mano de los agentes sociales; de no ser así, habrá una propuesta del Gobierno con los cambios que necesita el país", declaró la 'número dos' del Ejecutivo, que llamó a la prudencia para que las conversaciones puedan proseguir sin presiones. Pero el hecho de que la nueva cita del diálogo social sea el 9 de junio, el día después de la protesta de los empleados públicos por el recorte de sus salarios no ayuda precisamente a templar los ánimos.

Por si alguno de los últimos 'borradores' del Gobierno pudiera llegar hasta la mesa de los interlocutores sociales, el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, se anticipó a explicar, en declaraciones a RTVE, que la generalización del despido con 20 días de indemnización para las empresas en dificultades sería equivalente a establecer el despido libre. En la actualidad, precisó, este tipo de despido tiene como garantía la tutela judicial, de manera que un tribunal debe conocer las causas y el empresario justificarlas. Evocó que en 2002 se implantó la modalidad del 'despido expres' con 45 días de indemnización, el único que permite, sin preaviso, poner en la calle a un trabajador en 48 horas.

Méndez se mostró seguro de que este tipo de reforma ni ha llegado ni se encuentra en la mesa de negociación. Por eso, aunque reconoció que la búsqueda del consenso está "muy difícil", se reafirmó en que "lo último que se debe perder es la esperanza". Y recordó que, en caso de que los cambios aprobados por el Gobierno sean lesivos para los derechos de los trabajadores, su organización convocará una huelga general.

Una movilización de este tipo es la que ya prepara CCOO. Los responsables de Organización, Comunicación, Acción Sindical y Empleo de las federaciones y territorios de este sindicato han puesto en marcha los dispositivos previos, por considerar que, ante el bloqueo de las negociaciones, "parece inevitable" el llamamiento a un paro generalizado de protesta.

La organización que lidera Ignacio Fernández Toxo ha celebrado en Madrid dos reuniones plenarias de carácter extraordinario para debatir la reacción posible ante la voluntad del Gobierno de sacar adelante la reforma laboral el 16 de junio. Este sindicato también justifica la movilización en las medidas del programa contra el déficit -congelación de las pensiones, recorte salarial a los empleados públicos- y anuncia la puesta en marcha de una campaña para explicar a los trabajadores y a la sociedad en general las razones que le mueven a su convocatoria.