JUBILACIÓN

Francia se prepara para un otoño caliente

Los sindicatos han convocado una movilización de protesta para el 7 de septiembre _y se plantean la posibilidad de una huelga general contra los recortes sociales.

El Gobierno francés abordará el miércoles 25 de agosto el nuevo programa de ajuste con el que persigue reducir el déficit público hasta un 6% del Producto Interior Bruto en 2011 en un entorno económico menos favorable de lo que inicialmente había previsto. Se avecina un otoño caliente en el país vecino. Quienes resulten perjudicados directos de las medidas ahora anunciadas –funcionarios con el sueldo congelado, pero también familias que van a ver reducidas las deducciones fiscales por la contratación de personas para el cuidado de los niños, o los profesionales con oportunidades de exenciones tributarias- se podrían sumar a la protesta que los sindicatos han convocado para el 7 de septiembre, en la misma fecha en que está previsto que el Parlamento retome el debate de la reforma de las pensiones.


A la vista de las movilizaciones anunciadas, y para no aumentar la nómina de descontentos, el Ejecutivo galo podría aplazar hasta finales de septiembre, cuando debe presentar su proyecto anual de cuentas públicas, la concreción de las reducciones ahora esbozadas. El gabinete Sarkozy parece decidido, no obstante, a aplicar los recortes cuanto antes, “este mismo otoño, sin falta”, en palabras de un portavoz gubernamental. El objetivo del país es reducir el nivel de déficit al 6% del PIB, “sin importar el nivel de crecimiento de la economía”.

El gasto médico

Algunas medidas, como la congelación del gasto público, o el recorte en la tasa de reposición de los funcionarios –solo uno de cada dos jubilados se reemplazará- serán de aplicación en el ejercicio 2011. Y no se descarta la posibilidad de que ciertas ventajas fiscales que ahora favorecen a planes de pensiones y seguros de vida también se vean suprimidas, lo mismo que el reembolso de los gastos por visitas médicas o la compra de medicinas.


Como ocurre en España, la última ofensiva del Gobierno francés para disciplinar el gasto de las administraciones ha coincidido con las vacaciones de verano. Como la iniciativa que tiene como eje el retraso de la jubilación a los 62 años sigue pendiente de aprobación por el legislativo, las centrales intentan luchar con el calendario en su empeño de canalizar las protestas ciudadanas.


Los sindicatos llevaron a cabo, con éxito relativo, una jornada de movilizaciones el 24 de junio, en la que participaron entre 800.000 y 2 millones de franceses –según cifras proporcionadas por la policía y los convocantes, respectivamente- pero la larga pausa estival obligó a las centrales a desarrollar su imaginación para mantener viva la protesta. Durante julio y agosto se han sucedido asambleas informativas en las fábricas que permanecían abiertas, y hasta pancartas y lluvia de panfletos de protesta en las playas.


La intersindical que aglutina a las tres principales formaciones –CGT, CFDT, FO, unidos como nunca hasta ahora en el rechazo a los planes del Gobierno- ha adelantado la vuelta a la actividad.

Retrasar la jubilación

Tras la movilización del 7 de septiembre, y consciente de que el calendario apremia –la reforma de las pensiones llegará al Senado a mediados de octubre- ya se plantea la posibilidad de convocar huelga general, pero las opiniones todavía se encuentran divididas. Por descontado, las centrales de centro-izquierda rechazan la pérdida de derechos sociales, pero quieren garantizarse el éxito de la protesta antes de medir sus fuerzas.


La edad legal de la jubilación pasará en Francia de 60 a 62 años –en España se baraja la opción se subir de 65 a 67 años- pero el cambio no será radical. Desde el 1 de julio de 2011 se irán sumando cuatro meses por año y, en la práctica, los trabajadores nacidos en 1950 serán los últimos en disfrutar del retiro a los sesenta.


Por añadidura, la edad a partir de la cual se podrá cobrar la pensión máxima sube de los 65 a los 67 años, y la duración de la cotización exigida para alcanzar la más elevada prestación va a superar los 41 años y un trimestre (en España son ahora 35 años) para las generaciones nacidas en 1953 y siguientes. Pero la reforma abre derechos nuevos, que reconocen el desgaste de determinados oficios, o la dedicación de quienes empezaron a cotizar en edad muy temprana.