Si no te necesitan que te despidan, pero que no te hagan la vida imposible". Esta es la opinión de uno de los nueve empleados de Fincas Corral que quedan en Zaragoza, de los 60 que llegó a tener la firma en 16 oficinas, y al que la inmobiliaria debe cuatro meses de sueldo. "Hemos estado sin teléfono ni Internet, con los brazos cruzados mirando la puerta y sin poder atender a ningún cliente. Ahora tenemos suerte porque hay luz y calefacción", añade y prefiere no dar su nombre ya que está pendiente del juicio en el que reclamará el dinero que le debe la compañía con sede en Barcelona, que cerró la mitad de sus oficinas el año pasado.

La empresa no ha presentado ningún expediente de regulación y su presidente, Josep Xicola -que la compró al fundador Calixto Corral-, sigue afirmando que no tiene intención de reducir plantilla, pero en los últimos meses las oficinas aragonesas, como otras españolas, se han ido cerrando poco a poco debido al impago de los alquileres de los locales, algunos de hasta un año, explican los trabajadores. "Cuando llega una denuncia del propietario del local te enteras", apuntan. Por eso saben que el miércoles día 12 tendrán que abandonar la última oficina en Zaragoza (y en Aragón), situada en la calle Alfonso. Ese día está previsto el desahucio, uno más de los que viven los empleados zaragozanos, que se han ido trasladando de un local a otro, agrupándose. Esta situación se ha dado ya en Huesca y Teruel, que sumaban seis oficinas. En España quedan 380 empleados. Los trabajadores denuncian la actitud de la empresa de mantenerles bajo mínimos para que se vayan. Muchos lo han hecho ya. A ello se une la falta de clientes, con el parón del mercado inmobiliario.

"Qué van a hacer con nosotros"

Fincas Corral adeuda de media cuatro o cinco meses a todos los empleados zaragozanos, según explican. Empezaron a sufrir retrasos en abril. "Aguantas con los ahorros, echas mano de tus padres y yo gracias a Dios que mi marido trabaja", explica una empleada. Los primeros retrasos se produjeron en abril. Mientras esperan su cita con el juez para reclamar los salarios impagados, siguen acudiendo a la oficina a cumplir sus ocho horas de jornada laboral. Piden una explicación a la compañía sobre su futuro tras el próximo cierre del último local. "No nos han dicho qué van a hacer con nosotros", lamentan.

Lo que sí saben es que en la ciudad de Zaragoza no se pondrá en práctica la iniciativa anunciada ayer por la inmobiliaria, mediante la que quiere poner en alquiler todos sus pisos, sin garantías ni avales para los inquilinos, además de ofrecerles dos meses de alquiler gratuito. Algunos interesados ya llamaron para informarse, atraídos por la medida.