El Tribunal de Cuentas denuncia el escaso control sobre el destino final de parte de las ayudas de la UE

El reparto de las ayudas europeas ha sido motivo de controversia durante años y con seguridad lo seguirá siendo, al menos, a medio plazo, no ya porque unos países reclamen un trato similar al de otros, sino porque la permisividad de algunos Estados miembros hace que las cuentas que maneja la UE y las que presentan aquellos no cuadre, lo que desemboca en que ejercicio tras ejercicio se sucedan las reclamaciones de devolución de fondos -en algunos casos, multimillonarias- y las sanciones. Conscientes de ello, los consejeros del Tribunal de Cuentas han denunciado en uno de sus últimos informes el escaso control que, según los datos a los que ha podido acceder -también aquí creen que "la selección de muestras es mejorable"-, tienen algunas entidades pagadoras españolas sobre el destino final de parte de ese dinero, sobre todo en el sector agrario.

Y es que las principales anomalías detectadas por el órgano fiscalizador tienen que ver con la atribución que se realiza de las subvenciones con cargo a los fondos europeos de orientación y garantía agrícola (FEOGA) -que suponen entre el 38% y el 50% de los ingresos recibidos por España en el período analizado (2000-2005)-, y también a los de desarrollo regional (FEDER). En el primer caso basta recordar la polémica generada tras estallar en 2001 el llamado 'caso del lino', donde se llegó a hablar de un posible fraude a gran escala e incluso lo investigó la Audiencia Nacional -el juicio posterior, sin embargo, terminó con la absolución de los 18 acusados e incluso algún reproche por 'exceso de celo'-, lo que provocó que las autoridades comunitarias exigieran la devolución de 126,2 millones de euros por las ayudas dadas a ese cultivo entre 1996 y 1999.

En el informe del Tribunal de Cuentas, los consejeros reprochan al Gobierno que la información suministrada por medio de la cuenta de la administración general del Estado resulta "insuficiente" para conocer los importes recibidos de cada fondo comunitario y, asimismo, "difiere" de la contenida en los sistemas de datos de las autoridades pagadoras, tanto españolas como europeas. En este caso 'llueve sobre mojado', pues las críticas del órgano que preside Manuel Núñez sobre las deficiencias de esa cuenta afectan a más partidas y años. Así, el pasado 18 de junio y en su comparecencia ante la comisión mixta Congreso-Senado, acusó al Ejecutivo de no corregir la mayoría de esas irregularidades pese a sus llamamientos reiterados, lo que estaba afectando a la propia consistencia del balance presentado y hacía dudar sobre la "representatividad" de sus números, máxime tras descubrir un 'descuadre' de 2.500 millones de euros en las cuentas cerradas de 2005.

Controles insuficientes

En el caso de las subvenciones comunitarias, se da por bueno en líneas generales el modelo vigente para el registro contable de los flujos financieros entre España y la UE, pero se advierte sobre un número considerable de deficiencias en áreas distintas. Por ejemplo, no coinciden las fechas de las operaciones anotadas por el Estado y las autoridades pagadoras, mientras las comprobaciones efectuadas por estas últimas y las entidades gestoras de los fondos estructurales "se limitan a verificar" si coinciden los datos de las declaraciones de gastos y si estos son, a priori, subvencionables, "pero no dejan constancia documental de la comprobación en los expedientes".

En otros casos, la propia efectividad de esos controles, en apariencia superficiales, queda en entredicho porque algunos saldos de fondos comunitarios están pendientes de identificación tanto en cuanto a su origen como a su destino. También echa en falta el órgano fiscalizador una frecuencia mayor en este tipo de comprobaciones, al tiempo que denuncia la falta de comunicación a la Comisión -en muchos casos- de las debilidades detectadas y de las medidas adoptadas para solucionarlas. Pero las anomalías no son sólo responsabilidad de la Administración central; las autonómicas también incurren en problemas similares, hasta el punto de que ninguna ha presentado aún la lista de beneficiarios de las ayudas regionales de la UE para el período 2007-2013, pese a que ha transcurrido con creces el plazo previsto para ello.