Todavía es un borrador, pero las organizaciones agrarias aragonesas ya han mostrado sus primeros recelos con la futura norma preparada por la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Su titular, Gonzalo Arguilé, presentó ayer el primer documento en el que se basará la futura Ley de Representatividad Agraria, que determinará el peso de cada sindicato, se disolverán las Cámaras agrarias y se repartirá el patrimonio de las mismas.

En una reunión en la que participaron representantes de UAGA, Asaja, UPA y Araga, el consejero dejó claro que dicha ley solo seguirá adelante si existe consenso. Un argumento que 'tranquilizó' a los sindicatos, si bien, dado que señalaron que "solo hemos podido hacer una lectura rápida", acordaron darse un tiempo para analizar el borrador con profundidad y una vez abordadas las posibles alegaciones por separado convocar una reunión conjunta debatir el texto. Para ello se han dado de plazo "antes de Navidad".

Uno de los escollos lo presentan los criterios para medir la representatividad de cada organización. Arguilé propone que se haga a basándose en el número de afiliados, de oficinas y empleados o servicios que ofrece al agricultor. Las organizaciones agrarias, en este caso al unísono, consideran que es un sistema "que va a presentar problemas de transparencia", destacó el secretario general de UAGA, Javier Sánchez. Un argumento que también utilizó el máximo responsable de UPA en Aragón, José Manuel Roche, que reconoció que "de todas maneras esto está muy verde y aún puede cambiar mucho".

De las elecciones pasadas

Pero el principal desacuerdo llega con el reparto del patrimonio. Según las últimas elecciones agrarias celebradas en Aragón el 3 de junio de 2001, las dos únicas organizaciones agrarias que consiguieron el mínimo para considerarlas representativas del sector -15%- fueron UAGA y Asaja. Y así quieren que siga siendo. Por eso exigen que dicho patrimonio revierta en sus organizaciones. "Estamos sorprendidos porque este era un compromiso del consejero", explicó Sánchez.

Según el borrador, del total de dicho patrimonio -edificios, fincas, escuelas agrarias- una parte se destinaría a ambas organizaciones. El resto se repartiría entre Araga, UPA, las cooperativas, los regantes, los grupos de acción local... "y así una lista de quince colectivos agrarios que nada tienen que ver con la representatividad agraria", insistió el secretario general de Asaja, Carlos Ferrer, que también criticó que Arguilé haya cambiado de criterio "cuando había un compromiso previo".

Para el propio sector

El representante de UPA insistió en que el resultado de las urnas en 2001 -entonces esta organización consiguió un 8%- no refleja la situación actual. "En aquellas elecciones UPA-Aragón acababa de nacer y ahora el panorama agrario ha cambiado mucho, unas organizaciones han crecido y otras todo lo contrario", señaló Roche, que insistió en que el patrimonio agrario, "muy importante económicamente hablando", es fruto de la aportación de agricultores durante muchos años. Por eso, Roche es partidario de que "sea para el conjunto del sector" y se gestione, por ejemplo, a través de una fundación.

El presidente de Araga, José Manuel Tornos, reconoció que, a primera vista, no le parece mal ni los parámetros utilizados para medir la representación ni la propuesta de reparto del patrimonio agrario. Tras la reunión, Tornos reconoció que a pesar de que se busca que la Ley de Reprsentativias nazca del consenso "va a ser difícil conseguirlo".

Si no es así, todas las organizaciones agrarias coincidieron en señalar que exigirán la convocatoria de elecciones al campo, una convocatoria que tendría que realizar Gonzalo Arguilé.