El 28% de los pensionistas corre el riesgo de caer en la pobreza al contar con ingresos inferiores al 60% de las rentas medias del país, alertó ayer Luis Méler, responsable de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma).

Preocupado por los millones de personas que sobreviven con una prestación inferior a los 600 euros al mes, reclamó que el importe de la pensión de viudedad se eleve del 52% al 70% de la cuantía que percibía el fallecido. Méler compareció en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo junto con el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDPJ), Luis Martín, quien se sumó a las reivindicaciones de Ceoma.

Mayor transparencia

Ambas intervenciones parlamentarias son las primeras que se producen desde que el Gobierno propuso el retraso a los 67 años de la edad de jubilación. Méler y Martín recordaron que en España el retiro no es obligatorio salvo que figure en convenio colectivo y abogaron porque se suprima esta imposición. El presidente de UDPJ reclamó también mayor transparencia informativa sobre los problemas actuales y futuros del sistema de la Seguridad Social para evitar que "cunda el pánico".

Méler instó a sus señorías a que trabajen sin variar el periodo de cómputo (años laborales contabilizados para calcular el importe de la pensión) porque aunque su ampliación suponga beneficio para los trabajadores despedidos con edad cercana a la jubilación, la iniciativa conlleva un recorte para el resto.

Igualmente, demandó que se erradiquen las prejubilaciones, es decir, que no se permita la expulsión de los empleados mayores de 52 años bajo la idea de que ya no van a volver al mercado laboral. Esta situación, añadió, debería ser costeada por las empresas sin el más mínimo cargo a las arcas públicas, opinión a la que se sumó Martín.

La necesidad de ahorrar

El presidente de UDPJ apostó también por mentalizar al trabajador de que debe ahorrar a lo largo de su carrera profesional, vía fondo o plan privado de pensiones, para contar con un retiro económico que le permita vivir sin dificultad. Méler comentó que la previsión social complementaria es una cuestión que corresponde exclusivamente al trabajador.

Los grupos políticos aprovecharon las comparecencias para intercambiar críticas. La diputada socialista, Isabel López i Chamosa hizo hincapié en que el proyecto del Ejecutivo "no es un decreto ni una ley ni una norma". "Es un documento público para empezar el debate. Al final de la negociación habrá lo que hayamos sido capaces de consensuar ni más ni menos", concluyó.

Aunque el PP prefirió centrarse en el objeto de las comparecencias, las minorías sí aprovecharon sus turnos de intervención para arremeter contra las "formas" del Gobierno al presentar sus propuestas. Así, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, censuró la "sorprendente torpeza del Gobierno", pese a lo que confió en cerrar un acuerdo entre todos.

"Injusta y torpe"

El representante de IU, Gaspar Llamazares, celebró que "por fin" la discusión sobre las pensiones vuelva al ámbito parlamentario y de la Comisión después de que el Gobierno presentara una propuesta "injusta y torpe", que supone una "imposición" a los trabajos de la Comisión.

El PNV aprovechó la ocasión para volver a denunciar públicamente que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha iniciado una "negociación paralela" al Pacto de Toledo con PP y CiU, con quienes se reunió el pasado jueves. Su portavoz, Emilio Olabarría, habló de "debates paralelos" del Gobierno con "determinados" grupos al margen de los demás, lo que considera la "decadencia" de los "principios" del propio Pacto de Toledo.

Su homóloga del PSOE, Isabel López i Chamosa, que asistió a la reunión de Corbacho junto al portavoz del PP, Tomás Burgos, y de CiU, Carles Campuzano, calificó de "alucinaciones" las denuncias de Olabarria y aseguró que se trató de un "encuentro de cortesía" sin mayor trascendencia.

"Corbacho tiene otros interlocutores", remachó el parlamentario vasco, en alusión a los contactos previstos con el PP estos días.