El Gobierno rechaza retrasar la negociación de la reforma laboral, como pide CiU

El Gobierno dejó ayer muy claras sus intenciones sobre la reforma laboral. Pase lo que pase en las conversaciones con los grupos parlamentarios, un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este miércoles el real decreto-ley que establecerá notables cambios en el mercado de trabajo español. Lo hará solo unas horas antes de que José Luis Rodríguez Zapatero viaje a Bruselas para presidir el último Consejo Europeo del semestre español, donde quiere presentarse el jueves con los deberes anticrisis -las principales reformas estructurales- en marcha o concluidos. El calendario, por tanto, es inamovible.

El Gobierno, a través del ministro de Fomento, José Blanco, informó ayer a los partidos políticos de que solo tienen 48 horas -el lunes y el martes- para negociar con el Ejecutivo y el grupo socialista los cambios que quieren introducir en el borrador de reforma laboral que el viernes pasado les remitió el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, antes de que el miércoles el texto, basado en el fallido diálogo entre sindicatos y empresarios, se convierta en ley por la vía del decreto. "No hay prórroga, el tiempo es el que hay", zanjó ayer Blanco, en clara respuesta al portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, que solo unas horas antes había reclamado al menos otra semana para tratar de mejorar el borrador oficial de 41 folios que denominó "un churro".

El Ejecutivo despliega desde la semana pasada una intensa actividad con los partidos políticos, en especial con CiU, PNV, ERC y Coalición Canaria, pero también con el PP, con el objetivo de obtener una amplio apoyo parlamentario para la reforma laboral, que se plasmaría el próximo día 22 de junio en el pleno del Congreso, cuando la cámara tendrá que ratificar o rechazar el real decreto-ley. El despliegue, que se completará hoy y mañana con reuniones directas, ha incluido múltiples contactos telefónicos de ministros e incluso de Zapatero. El objetivo es doble: no volver a tener que transitar por la cuerda floja de la aprobación por la mínima, como ocurrió el 27 de mayo con la sesión de infarto en la que se ratificó el plan de recorte del gasto público, y obtener un apoyo político importante a la reforma que suavice la posible réplica de una huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios.

Sin embargo, pese a sus apuros, el Gobierno no quiere mostrarse débil ni que parezca que está de nuevo en manos de las minorías. "Estamos dispuestos a hablar, a dialogar y acordar, pero no a perder el tiempo", avisó el ministro Blanco desde Santiago de Compostela, en presencia de la plana mayor del socialismo gallego. El dirigente socialista exigió al PP y CiU, los dos partidos que reclamaron estos cambios con más intensidad, que salgan de su ambigüedad negociadora y que pongan "las cartas sobre la mesa y que digan cuál es la reforma que ellos harían", si como dicen no les convence la del Gobierno. "Estamos dispuestos a flexibilizar y a favorecer las condiciones para la contratación de la gente, pero no a derogar derechos básicos de los trabajadores", puso como límite del diálogo.

Posturas calaras

Hasta el momento, solo la izquierda parlamentaria ha puesto las cartas sobre la mesa. El voto de IU, BNG y Nafarroa Bai, en consonancia con el de los sindicatos, será 'no'. ERC, según sus declaraciones, es de los que más cerca del documento del Gobierno puede estar, al igual que CC. El PP, a diferencia del decreto de recortes, no descarta incluso el 'sí', pero sigue sin hablar claro. La número dos popular, Dolores de Cospedal, se limitó ayer a decir que su partido apoyará "todas las reformas que sean buenas para los trabajadores de toda España". CiU, uno de los grandes objetivos del Gobierno, enseña los dientes, pero no se sabe si es porque se encamina al 'no' o por estrategia negociadora. El PNV no ha dicho ni una buena palabra sobre el borrador, pero cuenta con una presión hacia el 'no' porque el sindicato nacionalista ELA se ha adelantado a las centrales estatales y ya ha convocado junto con LAB una huelga general en el País Vasco para el 29 de junio.