El Gobierno prorroga la alarma un mes

El Gobierno mantendrá el estado de alarma un mes más, hasta el 15 de enero, para garantizar la "fluidez del servicio de transporte aéreo" durante las fiestas navideñas y aún unos días más. La prórroga de esta medida excepcional fue acordada ayer en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado a última hora de la tarde en el Congreso de los Diputados. Fue José Luis Rodríguez Zapatero quien presidió la reunión pero, de nuevo, correspondió al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, salir a explicar la decisión. Y será el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien comparezca mañana ante el pleno para solicitar el consentimiento de la Cámara baja.

El Gobierno esgrime razones de agenda para justificar que el jefe del Ejecutivo delegue -no ya en su número dos, sino el ministro encargado de las relaciones con las Cortes- una tarea tan excepcional como la que se pretende. Mañana, a la una de la tarde, el presidente del Gobierno volará a Bruselas para participar en el Consejo Europeo que debe abordar los problemas de estabilidad del euro y, en principio, el pleno para la aprobación de la prórroga del estado de alarma se celebrará una vez concluya la sesión que ya había sido programada para esa misma jornada, probablemente a última hora de la mañana. Pero no es menos cierto que tras esta decisión hay también un intento de restar importancia al paso dado.

Pérez Rubalcaba alegó que el presidente ya explicó ante el pleno los motivos por los que el pasado día 3 se decretó el estado de alarma.

El propio Gobierno entendió que, dado que era la primera vez en toda la democracia que se echaba mano de una medida tan drástica, concebida para hacer frente a calamidades y graves crisis, debía ser él quien la justificara ante los representantes de la soberanía nacional. "Esto -replicó ayer el vicepresidente y portavoz gubernamental- es diferente". Tampoco dio demasiadas explicaciones de en qué medida lo es ni se detuvo en aclarar por qué no hay más salida que la prorrogar el estado de alarma.

Nada ha cambiado

"Hemos creído oportuno darnos un tiempo", señaló. "Es obligación del Gobierno garantizar que el control del tráfico aéreo vuelve a la normalidad, es decir, que todo ocurre exactamente igual que antes del día 3 (de diciembre)". En realidad, la situación previa a aquel viernes ya era muy conflictiva, o eso explicaron tanto Rodríguez Zapatero como el ministro José Blanco ante el pleno y ante la comisión de Fomento. El texto que, en principio, podría remitirse a los grupos parlamentarios va algo más allá de lo que se permitió Pérez Rubalcaba. Sostiene que "el restablecimiento del tráfico se ha debido exclusivamente a la vigencia de las medidas extraordinarias adoptadas y, por tanto, nada ha cambiado todavía desde el punto de vista de las causas subyacentes que motivaron su adopción".

También admite que es necesario aún desarrollar "mecanismos alternativos y estables que permitan hacer frente a la situación que determinó el estado de alarma". Blanco afirmó que el Congreso tiene que seguir tomando "medidas de reforma legislativa" que permitan adecuar el régimen de navegación aérea al marco europeo y "para evitar la repetición de este tipo de situaciones". Pero de aquí al 15 de enero no será posible porque el periodo de sesiones está a punto de acabar y el próximo mes es inhábil. Los grupos parlamentarios no descartan que haya que recurrir a un laudo de arbitraje para desatascar el diálogo con los controladores.

Lo que está claro es que el Gobierno no lo tendrá tan fácil con la prórroga como lo tuvo con el decreto del estado de alarma en sí.

Conseguirá que prospere porque le basta la mayoría simple y tiene garantizado el apoyo de CiU, el PNV y Coalición Canaria. Pero el resto de los grupos, especialmente la izquierda, IU, ERC y el BNG, y el PP, mantienen dudas jurídicas sobre la constitucionalidad del uso preventivo de la medida extraordinaria. Unas dudas que también han existido en el seno del Gobierno. Pérez Rubalcaba, aun así, afirmó que no hubo ninguna "discrepancia" interna.

Ausencia de informe

En cualquier caso, la posición de los populares está todavía por definir. Su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que esperarán a conocer la argumentación escrita del Gobierno -que les será remitida, probablemente, a primera hora de hoy- y actuarán en consecuencia.

Pero, de entrada, ya puso un pero: la ausencia de un informe, a su juicio, preceptivo del Consejo de Estado. Según la ley que regula este órgano consultivo, deberá ser escuchado en "asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión". Según el vicepresidente primero, "para nada hace falta ese dictamen".