El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Anteproyecto de Ley que modifica el régimen legal de la competencia desleal para incrementar la seguridad de los consumidores frente a las empresas. Se incluyen entre estas prácticas, el 'spam' telefónico o la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono y otros medios de comunicación. Además, el Gobierno tratará de evitar que esto se produzca promocionando las buenas prácticas entre las empresas.

Después de que el Gobierno anunciara que tomaría medidas contra las prácticas comerciales desleales, en relación con el auge del 'spam telefónico', finalmente aprobó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal que incremente la seguridad de los consumidores. Aunque las actuaciones se centrarán en combatir la realización de propuestas comerciales no solicitadas y reiteradas por teléfono u otros medios de comunicación.

Con este Anteproyecto se transpone la Directiva comunitaria del Parlamento Europeo relativa a prácticas comerciales desleales. Proporcionará seguridad jurídica "a las empresas que compiten legítimamente en el mercado frente a todas aquellas que realizan prácticas contrarias a la buena fe", informó el Ejecutivo en un comunicado. El Anteproyecto considera que las conductas engañosas que contengan información falsa o que, aún siendo veraces, por su contenido o presentación puedan inducir a error a los destinatarios, pueden llegar a alterar el comportamiento económico de los consumidores.

Se considera desleal, según el texto, todo comportamiento que pueda mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, fuerza o influencia indebida, la libertad de elección o conducta de los consumidores en relación al bien o servicio que se oferte.

Fomentar la buena conducta

Atendiendo a esto, se considerará desleal una conducta que implique la comparación pública de la actividad, la ocultación de información, la transmisión de información de manera poco clara y la inducción a los consumidores a tomar decisiones inmediatas.

Por otro lado, también se prevé en este Anteproyecto que las Administraciones Públicas promocionen códigos de conducta entre las organizaciones empresariales y profesionales que ayuden a controlar las prácticas publicitaias desleales de las empresas y a elevar el nivel de protección de los consumidores. En la elaboración de esos códigos también deberá contarse con la participación de las organizaciones de consumidores.