El Gobierno expedienta a 442 controladores por la "huelga salvaje"

Las promesas lanzadas ayer por Alfredo Pérez Rubalcaba y José Blanco de que la "huelga salvaje" no les saldría gratis a los controladores comenzaron a cumplirse ayer. El ministro de Fomento pronunciaba un "ahora toca hacer justicia" justo antes de anunciar la apertura de 442 expedientes disciplinarios a controladores, lo que representa una quinta parte del total de la plantilla a escala nacional. De estos procesos pueden derivarse distintas consecuencias, que van desde el despido al archivo de la causa, pasando por una suspensión de empleo y sueldo. La 'línea roja' que marcará la diferencia entre unos y otros casos es la publicación a las 21.30 del viernes del decreto aprobado ese mismo día por el Consejo de Ministros.

Caso por caso, el expediente abierto a los controladores determinará si la causa de que no acudieran a sus puestos de trabajo fue una enfermedad justificada, documentada con la correspondiente certificación médica, o si argumentaron que ya habían cumplido la jornada anual. A estos últimos casos se les medirá con el rasero del antes y el después del decreto. Los controladores que fueron llamados a partir de la entrada en vigor del nuevo cómputo ya no podrán alegar las mismas justificaciones.

"Las leyes están para cumplirlas", destacó Blanco, quien precisó que si se incumplen, el peso de la ley puede recaer "sobre un controlador, el ministro de Fomento o cualquier ciudadano".

La apertura de un expediente no será la única responsabilidad a la que tengan que enfrentarse los huelguistas, ya que paralelamente deberán afrontar las diligencias penales que investiga la Fiscalía, así como las multitudinarias denuncias particulares de los viajeros que se vieron afectados.

"El decreto fue la solución"

El ministro tampoco ofreció tregua a los controladores y defendió la actuación del Gobierno antes y durante el paro de viernes y sábado. "El decreto no fue el detonante del conflicto, sino la solución, la principal vía para que la actitud de los controladores no pudiera causar más daño", defendió.

También respondió Blanco a las argumentaciones de los profesionales del control aéreo, que mencionaron episodios de ansiedad y estrés: "El ejercicio de esa profesión es incompatible con esas situaciones". Pero añadió que, desde la aprobación de la nueva norma, "en cada centro de control hay un servicio médico que se mantiene las 24 horas del día y realiza evaluaciones de la salud de cada uno de los profesionales".

El responsable de Fomento aprovechó también su comparecencia para rechazar de plano la acusación de algún controlador que dijo haber acudido al trabajo "a punta de pistola" tras la militarización del servicio. "Tendrá que responder de esas declaraciones", respondió en defensa de las fuerzas de seguridad. Y se extendió en justificar que los guardias civiles acompañaron a los fiscales que iban a notificar la citación a los controladores, "llevaban pistola, porque la llevan todos". Pero otra cosa es decir que la utilizaran para amenazar. "Eso, si lo mantienen, tendrán que probarlo", aseveró.

Blanco, como ya hiciera el vicepresidente primero el sábado, se declaró convencido de que habrá normalidad en las próximas Navidades. En primer lugar, porque el estado de alarma, que tiene una duración de 15 días, podría prolongarse. Añadió que durante ese plazo "no habrá interlocución sindical", es decir, que las negociaciones del sindicato de los controladores (USCA) con la dirección de AENA permanecerán suspendidas.

El ministro eludió entrar en valoraciones concretas acerca de la responsabilidad en lo ocurrido de la dirección de USCA, que desde el primer momento ha mantenido que el paro fue una situación que se escapó a su control ante la tremenda tensión a la que está sometido el colectivo. Blanco incidió en que tiene la "sensación" de que USCA pudo estar por detrás del paro, pero quiso aclarar que es una "sensación".