Ayudas a la formación para los parados sin renta

El Gobierno sustituye la ayuda de los 426 euros a desempleados sin ningún tipo de prestación por subvenciones económicas para que los parados sin rentas puedan realizar cursos de formación que les permitan encontrar empleo.

De esta forma lo anunció hoy la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, durante su primera comparecencia en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, donde ha informado de los resultados de las actuales prestaciones y subsidios por desempleo, incluyendo el programa de ayuda de los 426 euros, denominado PRODI, y que finaliza el 15 de febrero.

Rodríguez explicó que el Gobierno negociará con los agentes sociales en el marco del Diálogo Social una "cuota" específica que contemplará toda la oferta formativa de 2011 para los desempleados que han agotado todos los subsidios.

Sin especificar este baremo, que confió será acordado con los sindicatos y los empresarios, dijo que se trata de priorizar la formación de este colectivo de parados que deben "recualificarse" para poder acceder al mercado laboral cuanto antes.

"La especificación de la líneas generales de este nuevo programa que sustituirá al PRODI debe ser pactado en la mesa de negociación", dijo.

Recordó que la gran mayoría de los desempleados que accedieron a la ayuda de los 426 euros tenía sólo formación primaria o secundaria y es "imprescindible" que puedan volver a trabajar.

Las ayudas económicas se "evaluarán" dependiendo de si estos desempleados tienen o no rentas y en función de la intensidad del curso que pueden realizar, ya que Rodríguez puso como ejemplo que "no es lo mismo un curso de cinco horas de nivel básico de Internet que otro de soldador mecánico".

"Ha llegado el momento de prepararlos para que tengan un trabajo", aseveró, tras valorar también que a partir del uno de febrero se incorporarán a los servicios públicos de empleo (SPEE) 1.500 nuevos orientadores profesionales.

Indicó que el objetivo "central" de estos nuevos orientadores técnicos (que sumarán 3.000 al añadirse a los primeros 1.500 contratados en 2009) es buscar una nueva cualificación a los desempleados que no tengan ningún tipo de subsidio.

"La oferta formativa debe estar mejor planificada, tener más calidad y contar con certificados de profesionalidad", agregó.

Por este motivo, insistió en que las nuevas políticas activas destinarán el 60% de las inversiones a formación de parados y el 40% a la de ocupados.

Asimismo, informó de que a partir del uno de enero comenzarán a funcionar las agencias privadas de colaboración, cuyo "papel fundamental" será la colocación y la contratación de trabajadores.

"Hay que sumar esfuerzo público y privado", aunque advirtió de que estas agencias deben cumplir unos requisitos, atender a todos los desempleados, ofrecer servicios gratuitos a los trabajadores y estar autorizadas por los SPEE.

En su intervención la secretaria de Estado de Empleo ahondó en la reforma de las políticas activas de empleo, a la que el Gobierno dedicará una inversión cercana a los 7.400 millones de euros.

Por otra parte, justificó la supresión del PRODI ante la necesidad de "iniciar una nueva fase" de apoyo a los desempleados, ya que "lo que quiere toda persona en situación de desempleo no es percibir un subsidio sino trabajar".

En este sentido valoró que la ayuda de 426 euros haya beneficiado sobre todo a los jóvenes de entre 25 y 29 años, y que del total de beneficiarios casi el 45% encontró un empleo, cerca de 333.000 personas.

Rodríguez también mencionó los beneficios que conllevará la nueva Ley de Reforma Laboral porque dotará de flexibilidad al mercado laboral, aunque alertó a los empresarios de que el Gobierno será "especialmente exigente" en los modos y fórmulas que deben acreditar para despedir a los trabajadores.

El Gobierno "no va a tocar las causas" de la Reforma Laboral, que ya están reguladas, pero sí dará una importancia "crucial" al plan de acompañamiento social y a los compromisos que deben asumir las empresas en la recolocación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.