El Plan de Vivienda 2005-2008 toca a su fin y desde hace algunos meses el departamento dirigido por Beatriz Corredor trabaja en el programa 2009-2012. El nuevo programa, que será más sencillo en su articulado que el anterior, corregirá algunos errores cometidos en el pasado y abrirá el abanico de personas que puedan optar a los más de 6.800 millones de euros en ayudas previstos para los próximos cuatro años. Entre las novedades destacan las ayudas a separados, divorciados y familias monoparentales; la compatibilidad de la renta básica de emancipación con la vivienda protegida (algo prohibido hasta ahora) y la puesta en marcha de registros obligatorios de demandantes en todas las regiones.

La intención de Corredor es dar más oportunidades a las rentas medias. Y para ello elevará el límite de ingresos anuales para acceder a una VPO en alquiler. Ese listón pasará de 5,5 a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), antes conocido como salario mínimo y establecido en 6.202,8 euros brutos al año. En la práctica, abre la horquilla de 34.115 a 40.318 euros anuales. En las ayudas al arrendamiento, también se amplía el margen y se permite solicitarlas a las personas con 4,5 veces el Iprem, cuando antes esa ventaja se terminaba en las 3,5 veces.

De este modo, afirman desde Vivienda, mucha más población podrá acogerse a las ventajas del Plan. El listón para solicitar ayudas económicas directas a la entrada también aumenta, y pasa de 3,5 a 4,5 veces el Iprem (21.709 a 27.912 euros brutos anuales). El acceso a los tres tipos de VPO queda igual: 2,5 Iprem en la especial (la más barata); 4,5 veces en la general y 6,5 veces en la concertada, la más cara.

Jóvenes y separados

Hasta ahora, los jóvenes solo podían pedir la renta básica de emancipación (210 euros al mes para pagar el alquiler, entre otras aportaciones económicas) si presentaban un contrato privado de arrendamiento. Pero eso va a cambiar, pues el programa 2009-2012 permitirá también el cobro de ese dinero a quienes vivan en una VPO de alquiler. Un salto importante y muy demandado. Como contrapartida, desaparecerán los 6.000 euros a fondo perdido que hoy reciben los propietarios de pisos vacíos que los ponen en alquiler protegido. Algo lógico, pues el incentivo apenas ha tenido éxito.

Los separados, divorciados y las familias monoparentales tienen también su hueco en el plan, que incluye una tipología nueva de VPO denominada 'alojamientos colectivos': Serán pisos levantados en suelos públicos y en los que podrán vivir por un plazo limitado de tiempo, inferior al pensado para los más mayores, que también tendrán cabida en estos nuevos edificios.

Polémica

La negociación del Plan 2009-2012, como la de los anteriores, no es miel sobre hojuelas. Algunas comunidades autónomas han puesto pegas a determinadas ideas que, sin embargo, Vivienda dice defender en pro de la justicia social y la igualdad. Es el caso del registro público de demandantes, que Corredor hará obligatorio para todas las regiones en el plazo de un año. La autonomía que en ese tiempo no disponga del sistema, sencillamente, no recibirá un euro de las ayudas estatales. La ministra explica que el registro es la mejor manera de que las subvenciones y el acceso a la VPO sea transparente y se eviten picarescas y casos de venta 'bajo mano'.

Tampoco ha gustado a los consejeros autonómicos la recomendación, que no imposición, de que quienes accedan a las ayudas no deberían dedicar más de un 30% de su renta a la VPO (ya sea en propiedad o alquiler). Un baremo aceptado por todos los expertos pero que se ha obviado en los últimos años. Tampoco hace mucha gracia a la autonomías la obligación que impondrá Corredor de que aquellas VPO construidas en suelo público o dotacional hayan de ser protegidas de por vida. El Ministerio quiere así garantizar un parque público (imposible de descalificar como protegido) suficiente en terrenos que habrán gozado de todas las ayudas a la urbanización y edificación.

Otra de las aristas de la negociación es la superficie mínima para la VPO que Vivienda quiere fijar y que será de obligado cumplimiento en las comunidades que no lo tengan regulado. Corredor ha optado por los 30 metros cuadrados construidos para dos personas y 15 metros más por cada habitante adicional. El máximo (hoy en 90 metros), sin embargo, se elimina, aunque seguirá siendo el tope para recibir ayudas a la urbanización. Esto es, si las comunidades quieren pisos de 120 metros, recibirán subvenciones hasta 90. Como novedad, el Ministerio quiere que los consejeros tengan en cuenta a los ayuntamientos a la hora de fijar el precio del suelo protegido, lo que ha provocado también cierta tensión.

Los promotores también tienen 'premio'

El Plan de Vivienda 2009-2012, largamente consensuado con el sector de la construcción, así como con sindicatos, jóvenes, colegios profesionales y, por supuesto, con comunidades autónomas, tiene alguna sorpresa para los promotores. Éstos, que piden ayuda a gritos al Estado desde hace tiempo, gozarán de subvenciones inéditas hasta ahora siempre que dediquen al alquiler al menos un 40% de los VPO que levanten.

La eficiencia ecológica puede ser otra baza a favor de los promotores. Aquellos que construyan por encima de los estándares exigidos en el Código Técnico de Edificación (CTE) -que fija criterios medioambientales y de ahorro de energía- tendrán ayudas a la urbanización y construcción adicionales. Además, y fuera del plan plurianual, Vivienda quiere eliminar todas las trabas legales existentes y que los constructores puedan vender como protegida y sin esperar ningún tiempo mínimo todo su 'stock' de pisos libres, que hoy día se estima en cerca de un millón de casas.

Otro de los capítulos del Plan 2009-2012 que pueden interesar a los promotores es el dedicado a la renovación de áreas urbanas: de zonas amplias, y no de edificios concretos, degradadas o en las que se hacen necesarias nuevas dotaciones o zonas verdes. En esos casos habrá sustanciosas ayudas a la demolición y la urbanización. La rehabilitación de casas aisladas sale del plan y se engloba en el denominado Plan Renove de eficiencia energética, dotado de unos 700 millones de euros.