La reunión de ministros de economía del G-20 celebrada en la ciudad surcoreana de Busán terminó con división entre los participantes en torno a uno de los asuntos más espinosos desde que estalló la crisis: la posibilidad de crear un impuesto mundial a la banca. Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de las principales economías desarrolladas y emergentes celebraron que la recuperación económica avance a un ritmo "más rápido de lo previsto", pero exigieron también a los gobiernos medidas "creíbles" para sanear sus cuentas.

Los dignatarios del G-20 eludieron pronunciarse, sin embargo, sobre la posibilidad de introducir un impuesto mundial sobre los beneficios de la banca, cuyo producto serviría para financiar futuros planes de rescate en caso de nuevas crisis financieras.

Este proyecto es defendido por Estados Unidos, pero rechazado Brasil, Canadá, India y Australia, que entienden que sus bancos, que no provocaron la crisis, no tienen por qué pagar ahora los platos rotos.

El debate sobre el impuesto bancario "nos ha distraído de los problemas de fondo", criticó el ministro canadiense de Economía, Jim Flaherty, para quien la mayoría de países del G-20 "no apoya ese concepto de tasa universal". El grupo se limitó a desear "que el sector financiero aporte una contribución justa y significativa para pagar toda carga asociada a las intervenciones gubernamentales, allí donde tengan lugar, para reparar el sistema bancario".

Reforma financiera

En su comunicado final tras dos días de reuniones, el G-20 subrayó que "la economía mundial continúa creciendo más rápido de lo previsto, pero a ritmo desigual según los países y regiones". El foro expresó su preocupación ante "la reciente volatilidad de los mercados financieros", que "nos recuerda que los desafíos perduran, lo que subraya la importancia de la cooperación internacional".

El encuentro, destinado a evaluar el estado de la economía mundial, tenía también como objetivos encontrar un difícil acuerdo sobre las reformas del sistema financiero y lograr un consenso en torno al delicado equilibrio entre las políticas de reactivación y la estabilidad presupuestaria. Sobre el primer asunto, el G-20 se comprometió a "llegar rápidamente a un acuerdo para reforzar las exigencias en materia de capital y de liquidez" de las instituciones financieras y confirmó su voluntad de que el nuevo marco reglamentario esté definido y sea aplicado antes de 2012.

En cuanto a la disyuntiva entre crecimiento o reducción del déficit, el G-20 señaló que los problemas que padecen algunos estados subrayan "la necesidad de poner en marcha medidas creíbles, favorables al crecimiento, para lograr llegar a finanzas públicas viables". Pero, lejos de imponer remedios únicos, este foro estima que las medidas deben de ser "diferenciadas y adaptadas a las circunstancias nacionales" de cada país.

En ese sentido, la vicepresidenta económica española, Elena Salgado, aseguró que los países europeos necesitan una consolidación fiscal "rápida", pero sin excesos de "frenada", que deberá ir siempre acompañada siempre de reformas estructurales.

Por su parte, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, explicó que las consecuencias de los programas europeos de ajuste sobre el Producto Interior Bruto no suponen necesariamente un retroceso.