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Economía
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MACROECONOMÍA

El Estado entrará en el capital un máximo de cinco años

Salgado insiste en que las entidades dispondrán de este plazo para reforzarse y pide el respaldo del PP a la nueva reforma.

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, garantizó ayer que si el Estado entra como accionista en una caja, la entidad dispondrá de «hasta cinco años» para reforzar su capital, con lo que disipa el temor de CiU de que una institución pueda ser subastada precipitadamente. Además, en declaraciones a la prensa en el Congreso tras esta afirmación, Salgado reiteró su deseo de que el PP apoye el plan para reforzar el sector financiero que el Gobierno aprobará mañana. «Es especialmente importante que el único partido que en algún momento puede gobernar participe en decisiones importantes del sector financiero», apostilló la ministra.

Minutos antes, en respuesta a una interpelación al portavoz de ERC, Joan Ridao, Salgado dijo que el Estado «no tiene vocación de permanencia» en las entidades que reciban una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero aclaró que el FROB sí tiene la «intención de estar todo el tiempo que sea necesario para que el proceso de reforzamiento pueda llevarse a cabo», si bien dio de plazo cinco años, el mismo tiempo que ya puso en enero como límite de permanencia del Estado en el accionariado de una entidad.

Subastas «al mejor postor»

Ridao comparte la opinión del portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, de que una subasta rápida solo permitirá que las cajas se acaben vendiendo «a precio de regalo, al mejor postor» (bancos españoles y extranjeros). Cree que al final se acabará en un «oligopolio en el que los bancos no tendrán competidores y excluirán a sus clientes menos lucrativos», lo que acabará influyendo negativamente en el crédito. «La urgente necesidad de capital pondrá a las cajas en manos de jugadores deseosos de beneficios inmediatos y más rentabilidad», advirtió.

Por su parte, Salgado insistió que la reforma pretende que las cajas de ahorros puedan seguir cumpliendo con su obra social, siempre que tengan beneficios.

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