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Economía

LA CRÓNICA

El día en que España perdió ante Suiza

Aprobada como decreto ley porel Consejo de Ministros, aunque su tramitación en el Congreso será de proyecto de ley, la reforma laboral nace con una huelga general ya convocada y la duda de si reactivará el mercado de trabajo.

El día en que España perdió ante Suiza
El día en que España perdió ante Suiza

Mal día para los estrategas de la Moncloa. Pocos pensaban que España perdería en su debut mundialista frente a Suiza. La marea roja se retiró enrabietada y decepcionada, con pocas ganas de hablar de fútbol y con la reforma laboral demasiado presente. Quien aún crea que las casualidades existen en la vida política también es fácil que todavía continúe esperando a los Reyes Magos, pero ni los más ingenuos pueden atribuir a la mera coincidencia la aprobación por el Consejo de Ministros del texto de modificación del mercado laboral el mismo día en que España se estrenaba en Durban. Hace tan solo unos pocos días, 'The New York Times' fijaba la amplia relación de bondades que arrastraría para los intereses del presidente Rodríguez Zapatero una victoria de la selección en Sudáfrica. La política es encaje y oportunidad y la reforma laboral llega, pese al mal arranque mundialista, apresurada y forzada por las presiones de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Representa, pese a los empeños de patronal y sindicatos desplegados durante meses en la mesa del diálogo social, la segunda parte de una obligación que no aceptaba retrasos. La única flexibilidad demostrada por el Ejecutivo socialista será fruto de las matemáticas. Aprobada como decreto ley, la tramitación de la reforma cobrará cuerpo en el Congreso como proyecto de ley, un cambio que permite la incorporación de enmiendas de los grupos con la idea de que crezca el sumatorio de abstenciones.

Toda modificación del mercado de trabajo cuenta con un único objetivo: la creación de empleo. Su éxito se mide en contratos de nueva creación, en empleos de calidad capaces de sumarse a la creación de riqueza. No hay más. El resto solo responde a cábalas y empeños de interpretación interesada que buscan sostener o desgastar a un gobierno. Los economistas de corte neoliberal, aquellos que confían en las leyes del mercado y en su propia independencia, atribuyen a las normas que ordenan las relaciones laborales una limitadísima capacidad de influencia; optan por apoyarse mayoritariamente en la activación de la economía como mejor garantía para el empleo. Los usos socialdemócratas, por su parte, viven del convencimiento de que la intervención, medida y ajustada, posee un claro poder de reordenación que puede ayudarnos a salir de la crisis. Al margen de los criterios de unos y de otros, lo que parece evidente es que sin actividad poco empleo se puede crear y que la reforma, al carecer de voluntad retroactiva, como no podía ser de otra forma, tendrá una pequeña capacidad de influencia en la realidad del mercado. Los cambios propuestos por el Gobierno dan la sensación de que han sido ideados para sostenerse en la temporalidad de la crisis, asistidos por una fuerte provisionalidad que obligará a su revisión una vez retornemos a la senda del crecimiento. El abaratamiento del despido, con la participación activa del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o la justificación de la extinción del contrato "cuando se desprenda una situación económica negativa" en la empresa, reflejan hasta qué punto se está buscando echar una mano a las empresas en apuros. A esta reforma le falta dar solución a cuestiones que sí son reales y afectan directamente en la creación de empleo, tales como la flexibilidad o la movilidad laboral. Nada se dice de una doble cuestión que afecta sustantivamente a los generadores de empleo y que se ven afectados por las nuevas evidencias del mercado.

Para más adelante han quedado también dos cuestiones que pueden considerarse básicas: el modelo austríaco de indemnización por despido y la revisión de la edad de jubilación. El Ejecutivo, conscientemente, ha optado por separarlos del paquete de medidas aprobado ayer en la seguridad de que ambas arrastrarán una fuerte polémica. El despido a la austríaca -la empresa va aportando dinero a un fondo que el trabajador retira cuando finaliza su relación o se jubila- podría tener, según ya adelanta algún especialista, una clara vinculación con la revisión del sistema de pensiones. La prolongación de la vida laboral, con el retraso hasta los 67 años de la jubilación -Francia revisó ayer mismo la edad de jubilación para pasar de los 60 a los 62 años-, será otro de los asuntos que a la vuelta del verano podrían analizarse en la mesa del Gobierno. Las medidas y los ajustes que en el plazo de un par de meses ha introducido Zapatero, permitiendo la ruptura de la protegida y cuidada relación que mantenía con los sindicatos -toda una obsesión para el presidente-, no representan más que un primer giro de tuerca que podría verse incrementado si la situación económica del país no mejora. Zapatero, que se ha marcado la llegada del otoño para conocer la efectividad de sus acciones, confía en que para esa fecha la obsesión de los mercados internacionales con España haya cesado.

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