El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley de CiU para impulsar la creación de un gran parque de viviendas de alquiler a un precio máximo de 375 euros al mes, mediante un sistema de colaboración entre el sector público y el privado.

El texto, que ha contado con el apoyo parlamentario del PSOE y del PNV, estudia construir viviendas para un alquiler "low cost" sobre suelo público mediante una fórmula mixta por la cual la constructora gestionará los alquileres, mientras que la entidad pública garantizará el cobro de los mismos. Así, según explicó el portavoz de vivienda de CiU en el Congreso, Pere Macias, los promotores no tendrán que comprar el suelo, sino que los propietarios de estos terrenos, ya sean públicos o privados, cederán el derecho de uso durante un periodo de 10 a 25 años.

Desaparición de constructoras

Esta decisión del Congreso de los Diputados llegó el mismo día en que un informe de la consultora especializada R. R. de Acuña y Asociados, alertaba de que en los próximos seis años desaparecerán la mitad de las empresas vinculadas a la construcción residencial.

Tal será el impacto que el sector en su conjunto pasará de representar un 12% del PIB en 2008 a no más de un 4% en 2010. Las perspectivas que plantea el informe son más que negativas, pues señala que el derrumbe del mercado -con un 'stock' de más de 1,6 millones de pisos a la venta- empujará el desempleo en España a cotas del 25% este año. Ese exceso de oferta no se absorberá hasta 2013, en un movimiento en el que primero se venderán las casas más baratas.