El cinturón se aprieta para todos. El Banco de España ha decidido presionar a los bancos y cajas que se han quedado con inmuebles como consecuencia de los impagos de sus clientes y que en muchos casos optan por retenerlos, a la espera de que vuelvan a repuntar los precios. Algunos dirigentes lo habían dicho alto y claro: mejor conservar los pisos en el balance que desprenderse de ellos con fuertes descuentos, o malvenderlos. Como la capacidad económica de los hogares se estrecha cada día, el instituto emisor intenta que esos inmuebles salgan al mercado a precios más baratos.

Con este fin, las entidades tendrán que realizar dotaciones más elevadas -cantidades que separan de su cuenta de resultados- en la medida en que los inmuebles permanezcan más tiempo en su cartera de propiedades. Al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez no le duelen prendas, y estima que el mayor esfuerzo requerido con este y otros requerimientos que se aplicarán a partir de ahora, va a suponer un recorte del 10% en el beneficio antes de impuestos de las entidades, al elevar las coberturas hasta ahora exigidas en torno a un 2%.

Reconoce el instituto emisor que las adquisiciones de activos en pago de deudas "constituyen una opción legítima de paliar los problemas derivados de los créditos dañados". Pero añade que el elevado volumen alcanzado aconseja, en situaciones de morosidad creciente, establecer principios básicos para la estimación del deterioro del valor y, sobre todo, "incentivar la búsqueda de soluciones definitivas para ellos".

Rebaja del 10% al 30%

En el momento en que el banco o caja se hace con un inmueble tiene que reconocerle una depreciación del 10%, lo que supone aportar la correspondiente dotación. A partir de los 12 meses la merma se elevará al 20% y, una vez transcurridos dos años, será preciso calcular que ese activo vale un 30% menos, salvo en aquellos casos en los que el valor de la vivienda sea superior al importe de la deuda de su antiguo propietario.

El Banco de España ha propuesto, además, unificar las coberturas de los préstamos morosos. Cuando un cliente deja de pagar tres cuotas consecutivas de un préstamo es considerado dudoso. Hasta ahora, el banco o caja tenía que cubrir la cantidad adeudada en un plazo de 24 a 72 meses. A partir de este momento, y según la circular que el instituto emisor ha sometido a consulta, la cobertura total del riesgo de crédito ha de realizarse en 12 meses. Con ello se recorta sustancialmente el periodo de tiempo para provisionar los créditos.

Pero la autoridad supervisora también ha introducido cambios que alivian las exigencias de provisiones actuales. Bancos y cajas se han quejado, hasta la saciedad, de unos requerimientos que atribuyen 'valor cero' a la garantía que implica la propiedad de unos inmuebles. Si el cliente no paga y la entidad se queda con un piso, por ejemplo, la pérdida que sufre la entidad no siempre se corresponde con la totalidad del crédito adeudado.

En una vivienda terminada que es residencia habitual del prestatario, el Banco de España sugiere aplicar un recorte del 20% en el valor de la garantía. Para las fincas rústicas, oficinas, locales y naves terminadas, el descuento asciende al 30% y al 40% en el resto de las viviendas terminadas. Finalmente, prevé una rebaja del 50% en la garantía de parcelas, solares y el resto de los activos inmobiliarios.

En su informe semestral de estabilidad financiera, el Banco de España estimó el pasado abril la "exposición potencialmente problemática del sector" financiero al riesgo inmobiliario en 165.000 millones de euros, (créditos dudosos, más los que están presentan mayor o menor riesgo de impago en el futuro, incluido el importe de los inmuebles adjudicados, y el de los fallidos), respecto a una inversión total de 445.000 millones. Las provisiones específicas realizadas, 42.300 millones de euros, eran equivalentes al 25% de esa cantidad.