Tratar lo urgente y al tiempo acometer lo necesario. Mariano Rajoy quiere aplicar esta receta a la economía española que, a su juicio, padece una enfermedad que la tiene "postrada" en la cama con fiebre alta, pero a la vez padece otra "más seria y preocupante" que lastra sus posibilidades de desarrollo futuro.

Más que por este diagnóstico, la conferencia que el líder del PP ofreció ayer en el Foro Nueva Economía había despertado expectación ante la posibilidad de que detallase sus propuestas económicas para contrarrestar "la campaña" del PSOE y del Gobierno que acusan al jefe del principal partido de la oposición de "no mojarse" a la hora de proponer soluciones a los problemas de España.

Rajoy ofreció pinceladas de las siete reformas estructurales que piensa ejecutar si llega a la Moncloa en 2012 y, como principal novedad, adelantó la necesidad de una nueva normativa de disciplina presupuestaria, que establezca techos de gasto y de endeudamiento en todas las administraciones. La originalidad de la propuesta radica en que aboga por que el límite del déficit público en España esté regulado por la Constitución. Un paso que, de momento, obligaría a reformar la Carta Magna. El líder popular subrayó que promoverá un amplio consenso político en España para "constitucionalizar los principios de la estabilidad presupuestaria".

Al hilo de esta proposición, el dirigente popular subrayó la necesidad de prohibir las transferencias y los gastos de las administraciones en ámbitos competenciales distintos a los suyos propios. La única excepción la fijó para los modelos de financiación autonómico y local. Lo que pretende el PP, en cierta manera, es acabar con las asignaciones complementarias a los distintos territorios durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Rajoy concretó más a la hora de abordar la reorganización del sistema financiero español. Explicó que las propuestas de su formación en materia de cajas de ahorro van encaminadas a facilitar la captación social de los mercados. Eso sí, sin obligar a ninguna entidad a elegir este camino, conscientes de que algunos presidentes de cajas se muestran reacios a dar este paso que, a su entender, atentaría contra la propia filosofía de esta cajas. El PP vadea esta cuestión indicando que "las entidades que lo deseen" pueden separar la actividad bancaria de la fundacional y crear cuotas participativas con derechos de voto. Un avance que llevaría implícito, según los populares, una definición más precisa de la normativa de institucionales de protección.

Cargos políticos

La reforma de las cajas de ahorro, defendió Rajoy, también debe propiciar cambios en el ámbito institucional. "Es necesario hacer incompatible la condición de cargos políticos con la de miembro de algún órgano de gobierno de las cajas", apostilló. Un avance que también requerirá un amplio pacto político porque todas las formaciones cuentan en la actualidad con representantes públicos, sobre todo concejales y diputados provinciales, en los estamentos decisorios de las cajas.

Rajoy centró su alocución, seguida por una importante nómina de empresarios y directivos de entidades bancarias, en amparar la necesidad de impulsar una "cambio radical" para abonar una política económica "previsible", sustentada en reformas estructurales. "Tal y como están las cosas, ser previsible es un hecho revolucionario". Una acotación que vinculó al "prestigio perdido" de la economía nacional, tras el salto en los niveles de bienestar logrado por "dos generaciones de españoles". Un edificio de "reputación, confianza y reconocimiento" que habría sufrido un "severo deterioro" en los dos últimos años.