La huelga general convocada ayer por los sindicatos nacionalistas en el País Vasco, Navarra, Galicia y Cataluña contra la reforma de las pensiones está transcurriendo con poca incidencia y con normalidad, salvo algunos incidentes en el País Vasco. En esta última comunidad, piquetes huelguistas causaron daños a un vehículo de la Diputación Foral de Vizcaya en Amorebieta.

En Bilbao, la Ertzaintza llevó a cabo una pequeña carga «con bastón policial» en las inmediaciones de El Corte Inglés, cerca de las 11.00, después de que un grupo de manifestantes agrediese a un vigilante del centro, arrojase huevos contra las instalaciones y tratase de acceder a su interior.

Además, un hombre fue detenido en Trapagaran (Vizcaya) y otras seis personas fueron imputadas en Vitoria por desórdenes públicos.

La marcha más concurrida fue la de Bilbao, que partió de la plaza de Moyúa poco después de las 12.30 encabezada por una gran pancarta con el lema: «No al saqueo de las pensiones. Respeto a los derechos de los trabajadores. Basta ya», que portaban representantes de los sindicatos convocantes de la huelga general, entre ellos ELA y LAB. Criticaron a los sindicatos mayoritarios CC. OO. y UGT, porque en ningún país de Europa, dijeron, estas reformas se han tomado con el respaldo sindical. «No se puede dar cobertura al mayor ataque producido en los últimos años contra los derechos de los trabajadores», defendieron desde los convocantes.

Galicia

En Galicia, el delegado del Gobierno, Antón Louro, destacó la tranquilidad con la que se desarrolló la huelga general convocada por la CIG en contra de la reforma de las pensiones, y cifró en un 2,9% su seguimiento en la Administración del Estado en la comunidad. Por provincias, el seguimiento en la administración del Estado varió desde el 1,12% en la provincia de Lugo hasta el 4,87% en Pontevedra, mientras que en A Coruña fue del 2,01% y en la provincia de Ourense, del 2,93%.

Asimismo, fue secundada por el 4,16% de los empleados públicos de la Administración autonómica y sus organismos dependientes.

Más de 10.000 personas, según la Policía Local -una cifra que la organización elevó hasta 50.000-, se manifestaron por el centro de Vigo convocadas por la CIG «en defensa de las pensiones y del empleo». El secretario general de la CIG, Suso Seixo, lamentó que, frente al «éxito» de la convocatoria «en solitario» de esta huelga, los sindicatos CC. OO. y UGT, «asumen los planteamientos del Gobierno y de la banca» en la reforma de las pensiones. Asimismo, calificó de «desgracia» el pacto alcanzado, así como que contribuyan a la «desmovilización» de la clase trabajadora.

En Cataluña, la Confederación General de Trabajadores (CGT) aseguró que la huelga general registró cierto seguimiento en el sector del transporte, la industria, las administraciones públicas y la limpieza.

No obstante, fuentes del mismo sindicato explicaron que el paro tuvo una escasa incidencia y es seguido por «muy poca gente».

Los sindicatos convocantes de la huelga general situaron el seguimiento del paro entre los conductores de autobús de Barcelona en el 40%, mientras que Transportes Metropolitanos (TMB), el único medio de transporte afectado, lo redujo al 25% del servicio habitual.

Asalto a la sede del PSC

Un piquete de 30 personas que se manifestaba contra el recorte de las pensiones asaltó el local de la candidatura de Jordi Hereu para las primarias del PSC, situado en la calle Roger de Llúria de Barcelona. Según informaron fuentes socialistas, los huelguistas forzaron la puerta de entrada y ocuparon pocos minutos el local, donde había una trabajadora del partido, aunque no causaron destrozos materiales.

En Navarra, la huelga fue un éxito según los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, a pesar de «las presiones de numerosos empresarios» y de «los servicios mínimos abusivos», denunciaron.

En estas protestas autonómicas no participan los sindicatos estatales CC. OO. y UGT, que se encuentran negociando con el Gobierno y la CEOE un gran pacto social que incluya la reforma de las pensiones, la del mercado laboral, la de las políticas activas de empleo y la de los convenios colectivos, así como la política energética y de innovación.