Quince trabajadores que vieron extinguida su relación laboral con Arascon Vías y Obras el 20 de noviembre de 2010 en virtud de un ERE de extinción pactado han demandado a la empresa por incumplir el pago de las indemnizaciones firmadas de las que solo han hecho efectiva una tercera parte.

El abogado Arturo Acebal, que representa a los demandantes, explicó que la indemnización pactada fue de 37 días por año a abonar en tres plazos iguales, con vencimientos el 20 de noviembre, 20 de diciembre y 20 de enero. «Sin embargo, la empresa ha pagado solo un tercio incumpliendo el acuerdo». La vista será el 19 de julio en el juzgado número 6 de lo Social.

La constructora murciana Intersa adquirió el 85% de Arascon en 2008. De ahí que, según consta en la denuncia presentada el 28 de diciembre por los trabajadores, las dos «codemandadas formen un grupo de empresas a efectos laborales, por lo que se genera la responsabilidad solidaria de ambas».

«Lo único que queremos es que nos paguen lo que nos pertenece», manifestó Cristina Velillas, empleada como administrativa durante 16 años en Arascón y que considera «vergonzoso» que la empresa «incumpla lo que ha firmado» máxime cuando metió «a dedo» en el ERE de extinción a empleados que o tenían reducción de jornada o bajas maternales o directamente a mujeres embarazadas.

Indefensión e incertidumbre

Para Ignacio Javier Ruiz de Lazcano, que trabajó en Arascon durante ocho años, resulta evidente que «cuando la empresa firmó el ERE tenía claro que no nos iba a pagar, querían quitarse los gastos fijos y ya está». A su juicio, «no pagarán hasta que la jueza les obligue». En opinión de Santiago Beneded, el que fuera jefe de Recursos Humanos durante once años en Arascon, «solo nos queda denunciarlo públicamente: la empresa sabía que no iba a poder cumplir pero firmaron el ERE para poder echarnos».

De momento, los demandantes han solicitado el embargo preventivo para asegurarse de que cobrarán. «Lo peor es la situación de indefensión», señaló Antonio Delgado, que trabajó cinco años como director de producción en Arascon. «El miedo que tenemos es que la empresa acabe entrando en suspensión de pagos y entonces en lugar de ser trabajadores pasaríamos a ser acreedores y por tanto, nos quedaríamos a la cola de todos».

«Nos vemos completamente desamparados», denunció María Paricio, auxiliar administrativo durante doce años en Arascon. Para Sonia Vilchez, a la que despidieron estando embarazada, junto a su marido, «está claro que para la empresa hemos dejado de ser un problema porque estamos fuera». «Lo que pedimos, después de que nos echaran de malas maneras, es que nos paguen», reclamó Luis Majo, encargado durante 12 años que ahora se ve en la calle con 57».

«Es mucha la incertidumbre que tenemos. Hasta que salga el juicio pueden pasar muchas cosas», reconoció Paloma Rojo, otra de las afectadas. «Lo lamentable es que Trabajo apruebe un ERE y después, ante su incumplimiento, la única salida sea la denuncia», añadió el topógrafo Joaquín Oliete, también demandante.

Por lo que respecta a la parte demandada, HERALDO ha intenta ponerse en contacto con ella desde el pasado viernes, en varias ocasiones, sin obtener respuesta.