El sindicato CSI-CSIF rompió ayer el diálogo con CC.OO. y UGT al entender que hicieron la manifestación del martes en Madrid como "un ensayo para una huelga general" y se desentendieron de los verdaderos intereses de los empleados públicos. "Ante la pretensión por parte de CC. OO. y UGT de utilizar la manifestación del 8 de junio en Madrid para intereses distintivos a la defensa de los empleados públicos, CSIF da por finalizado el diálogo con estas organizaciones", subrayó el sindicato. Asimismo, dijo que no se unirá a una eventual huelga general a no ser que haya cosas "muy graves".

"Era el día de la huelga de los empleados públicos y no aceptamos que se utilice como ensayo para la huelga general", señaló el sindicato presidido por Domingo Fernández quien también añadió: "Los empleados públicos nos negamos a ser moneda de cambio en cualquier negociación de la reforma laboral".

Asimismo, Fernández admitió que están "dolidos" porque las relaciones han sido buenas a lo largo de los años, aunque dejó claro que la ruptura de las relaciones afecta solo a todo lo que tiene que ver con estas movilizaciones, ya que "no se pueden cerrar puertas indefinidamente".

Sobre la posibilidad de que se unan a una eventual convocatoria de huelga general por parte de CC. OO. y UGT, Fernández adelantó que CSI-CSIF no prevé unirse inicialmente a un paro de este tipo que no es "oportuno" y porque paralizaría el país, aunque dijo que habrá que esperar al contenido de la reforma por si cuenta con "cosas muy graves". "Pueden ocurrir muchas cosas", subrayó.

Participación del 30%

Respecto a la participación, el sindicalista calculó que finalmente pudo situarse alrededor del 30% y explicó que la incidencia no fue mayor porque el derecho a huelga es individual y cada uno tiene sus propios motivos. En este sentido, aseguró que muchos no quisieron renunciar al sueldo del martes teniendo en cuenta que ya se les ha reducido el salario y que otros no secundaron el paro por responsabilidad profesional.

Incluso llegó a admitir que pudo haber muchos empleados públicos que no respaldaran la huelga por el temor a que la protesta fuera utilizada por los otros sindicatos en el "pulso" que mantienen con el Gobierno para sacar adelante la reforma laboral.

Finalmente, lanzó una advertencia al Gobierno al asegurar que, a pesar de la baja incidencia de la huelga, los empleados públicos están "muy indignados" con las últimas medidas anunciadas. "Que no piense el Gobierno que no es así por la baja participación porque se equivocaría mucho", aseveró.

Por su parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, no se atrevió a calificar de fracaso la huelga del sector público pero consideró que su escasa incidencia es muestra de que "no hay un clima general de rechazo ni descontento". Dijo que entre las razones está que "todos somos conscientes de que hay una crisis económica internacional grave, y que en todos los países se están adoptando las mismas decisiones", dijo.