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Economía
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VIVIENDA

Corredor se suma a Solbes y cierra la puerta de las ayudas a los promotores

La semana pasada fue Pedro Solbes y ayer la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, quien lanzó un enorme jarro de agua fría a los promotores. El mensaje fue claro y directo: no habrá ayudas del Estado para salvar a las empresas del ladrillo, que atraviesan una profunda desaceleración. Corredor dejó claro que "las soluciones a la construcción no deben distraer los limitados recursos públicos, destinados a facilitar el acceso a un piso digno a las familias con menos recursos".

Beatriz Corredor -que hasta hace poco se mostraba incluso dispuesta a negociar una suerte de 'quid pro quo' con los promotores- siguió al pie de la letra el mensaje del vicepresidente económico. Nada de ayudas, ni de desgravaciones a la compra de segundas residencias, ni de subvenciones para que las promotoras salven la papeleta. El dinero del Estado no es para eso: "El propósito del Gobierno no es impedir de forma artificial el ajuste del sector".

La ministra subrayó que junto a los siempre limitados dineros públicos existe otro bien escaso que no se debe derrochar, el propio suelo. "Construir viviendas por encima de las necesidades es un desperdicio de recursos", afirmó. El planteamiento oficial viene a ser que tras el atracón de ladrillos de los últimos años las empresas deberán arreglárselas solas para digerir el empacho. En esa travesía del desierto a la que parecen condenadas algunas compañías será la selección natural la que designe a los supervivientes.

Beatriz Corredor explicó que el reto es que sean "las empresas más competitivas, innovadoras y productivas las que salgan reforzadas" del inevitable y necesario ajuste.

Junto a la meta de dar pisos protegidos a quienes no pueden acceder al mercado libre, la ministra se marcó el objetivo de conducir al sector residencial a un equilibrio que permita diversificar el crecimiento económico del país. Algo que si se logra, dijo Corredor, "optimizará esfuerzos y recursos". "Es decir, estaremos ganando en eficacia", puntualizó.

Para tratar de llevar a buen puerto sus planes, la responsable de Vivienda llamó a la colaboración institucional e invitó a autonomías y ayuntamientos (quienes tienen en sus manos la mayoría de las competencias en la materia) a trazar una "hoja de ruta". Un programa, añadió, que culmine en un gran pacto de Estado. Algo, por otra parte, que ya intentaron aunque sin éxito sus predecesoras en el cargo, María Antonia Trujillo y Carme Chacón.

Miércoles "caliente"

La ministra ha iniciado una ronda de contactos con todos los agentes sociales implicados en el sector de la vivienda que le llevará a convocar el próximo mes la denominada Conferencia Sectorial, la reunión con los responsables de la materia de todas las autonomías.

Por ahora, Corredor ya se ha reunido con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con los sindicatos CC. OO. y UGT. Mañana está prevista una reunión en la que podrían saltar chispas: el encuentro con los promotores.

Desde las empresas se apuesta por no polemizar y se guarda silencio ante las palabras de Solbes y Corredor. Mejor no enfrentarse con el Gobierno. Aunque fuentes del sector recuerdan que la estrategia del Ejecutivo dejará muchos cadáveres en el camino. El argumento de los promotores es que no piden nada para ellos (hay cerca de medio millón de viviendas sin vender) sino para los compradores, y que su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo son esenciales para el país.

Viviendas público-privadas

La ministra de Vivienda envió su mensaje a los empresarios desde Toledo, donde asistió a la firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, entre el Gobierno autonómico, los sindicatos, la patronal de la construcción en esta comunidad, la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha, la Federación de Municipios y Provincias de esta región y el Consejo Regional de la Juventud.

Un pacto que incluye la creación de una vivienda de "iniciativa público-privada": pisos de unos 70 metros cuadrados útiles cuyo precio oscilará entre 130.000 y 150.000 euros.

Serán casas levantadas con dinero privado pero a las que el Gobierno regional garantizará un comprador desde el día del inicio de las obras así como la financiación necesaria para su construcción.

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