Reforma laboral, ajustes presupuestarios y cambios en el sistema de pensiones integran la agenda de la reunión que el equipo económico del Gobierno mantendrá mañana jueves, excepcionalmente presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, para preparar el arranque del curso. Las pensiones saltan a primer plano -mientras los grupos políticos cocinan en el Senado nuevas modificaciones en la protección y el marco de las relaciones laborales- porque el ministro de Trabajo ha vuelto a la carga.

Considera razonable que, de forma progresiva, se amplíe de los actuales 15 hasta los 20 años el periodo que sirve para calcular la paga de jubilación. En declaraciones a Catalunya Radio, Celestino Corbacho declaró "inevitable" superar el actual plazo "para garantizar la estabilidad del sistema a medio y largo plazo". El ministro justificó su propuesta en la nueva estructura del mercado de trabajo, en el que personas con largos periodos de cotización ven mermados sus derechos al perder el empleo en el último tramo de su vida laboral y acaban percibiendo pensiones "casi de mínimos" pese a haber cotizado durante cuarenta años.

Ampliar el periodo de cómputo también debiera servir -argumentó- para evitar la extensión de las jubilaciones anticipadas, de manera que solo se apliquen "allí donde sea absolutamente imprescindible".

Llueve sobre mojado. Las declaraciones de Corbacho llegaron a los sindicatos en plena denuncia de la actuación del ministro, a quien acusan de sembrar la confusión y desprestigiar a los parados con sus propuestas de acortar los plazos en los que un desempleado puede rechazar las ofertas de cursos de promoción realizadas por los servicios públicos de empleo, y sus sugerencias de extender esas exigencias a las propuestas de puestos de trabajo.

En el frente de las pensiones, las centrales admiten la necesidad de hacer reformas, pero recuerdan que el sistema público ha podido atravesar un periodo de durísima crisis con una situación financiera positiva. Y remiten a las movilizaciones llevadas a cabo entre el 23 de febrero y el 6 de marzo pasados como respuesta a lo que consideran "otra agresión" a la protección social.

Para Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, los mensajes del Gobierno no hacen sino alimentar los motivos para que la sociedad exprese su rechazo a través de la huelga general del 29 de septiembre. "Todas las huelgas generales las hemos ganado los convocantes -afirmó Ramón Górriz, que desempeña el mismo puesto en CC. OO.-, y más temprano que tarde veremos que vuelve a crecer el gasto social y que se paran las agresiones a los trabajadores, porque la huelga defiende un modelo social al que no queremos renunciar, el mismo que ha sufrido por parte del Gobierno socialista el ataque más fuerte en treinta años".

"También pensamos que la reforma laboral se puede endurecer", advirtió Górriz. La comisión de Trabajo del Senado ultima las tareas para debatir hoy, con competencia legislativa plena, el proyecto de reforma laboral remitido por el Congreso. Los grupos han presentado, además de los vetos de ERC e ICV, un total de 289 enmiendas por escrito, porque solo aquellos puntos que registren modificación en la cámara alta podrían volver a sufrir retoques en el trámite final en la Carrera de San Jerónimo.

En el transcurso de la sesión se pueden presentar y votar enmiendas transaccionales, incluso de viva voz, lo que hace difícil anticipar el resultado, y esa duda lleva a los sindicatos a "temer lo peor". El secretario general de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, criticó con dureza, en declaraciones a la cadena SER, la tramitación parlamentaria de la reforma laboral por procedimiento de urgencia, y atribuyó al Gobierno y al partido que le apoya la intención de desarrollar "otra partida en paralelo", con el siguiente acto en los Presupuestos Generales del Estado.

Pieza de canje

Toxo apuntó que el PSOE estaría cediendo piezas para captar el necesario apoyo del PNV a las cuentas públicas y mencionó que un damnificado "hasta ahora no muy visible" sería el lehendakari Patxi López.

Los sindicatos acusan igualmente al Ejecutivo y al partido que le da soporte de desprestigiar a los parados con sus iniciativas de recortar de 100 a 30 días o suprimir de raíz el 'periodo de gracia' en el que pueden rechazar las ofertas de cursos de formación conservando la prestación. A su juicio, el ministro ha abierto camino a que la penalización se extienda a quienes no acepten ofertas de empleo.

Y todo ello lleva a las centrales a sospechar de un intento de "maquillar" las cifras del paro, y de recortar los costes de la prestación, cuando, aseguran, este no es el núcleo del problema. Mencionan que la mayoría de los parados no reciben propuestas para incorporarse a un puesto de trabajo. "Con una tasa de paro que duplica la media europea, mantenemos un empleado del servicio público por 189 desempleados, cuando esa relación es de 1 por 50 en el promedio comunitario", explicaron Ferrer y Górriz, tras evocar que durante 2009 tan solo 8.000 personas en paro fueron sancionadas con pérdida de la prestación por fraude al seguro de desempleo.