Alrededor de medio millón de parados iniciará en julio su reinserción ocupacional, ayudados por un tutor, según el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien desveló que "El Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral" está "muy elaborado" y entrará en vigor dentro de mes y medio, después de que las comunidades autónomas den su visto bueno. Los beneficiarios procederán de todas las provincias y, en su recolocación, se tendrán en cuenta las características personales y territoriales de cada uno, puesto que, pese a que la caída de las colocación en la construcción es general, la subida del paro que se avecina "no será igual en todas las partes".

Las declaraciones del ministro tuvieron lugar en la sede de su Departamento tras una entrevista mantenida con Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Corbacho resaltó que es "imprescindible" que los ayuntamientos estén presentes en las políticas de empleo y lamentó la disfunción existente entre lo que estudian los jóvenes y las necesidades de las empresas. En este sentido, abogó por dotar a la formación profesional de prestigio y limpiarla del lastre que conlleva el ser considerada la opción del fracaso escolar.

Reiteró que el desempleo subirá en los próximos meses pero lanzó un mensaje tranquilizador porque hay dinero suficiente para afrontar el gasto de la prestación, que se desviará en unos 2.500 millones de euros sobre el presupuesto inicial de 15.500 millones. Remarcó que la cobertura del desempleo "nunca pasará a ser una prioridad que no sea el número uno". A su juicio, los gobiernos tienen que evitar cualquier riesgo que ponga en peligro la prestación, dado que se trata de un derecho adquirido y financiado con cotizaciones sociales de empleadores y empleados. Los últimos datos conocidos (31 de diciembre de 2006) cifraban el superávit del Servicio Público de Empleo (antiguo INEM) en unos 3.800 millones.

Sin movilidad

Precisamente, el ministro argumentó que la existencia de la cobertura económica del paro y determinadas puntas de trabajo impedirán que los españoles de comunidades donde la desocupación sobrepasa la media del Estado, como Extremadura, Andalucía, Castilla y León o Castilla-La Mancha, se trasladen a otras autonomías en las que el empleo funciona mejor."No tendrán que emigran para subsistir", dijo a la vez que comentó que situación muy distinta será la de los extranjeros, quienes seguramente volverán a su país.

En relación con la reunión celebrada, Corbacho expuso que "estamos en un país donde el que menos competencia tiene sobre las políticas activas de empleo (subvenciones, becas, cursos, formación, etc.) es el ministro de Trabajo". Dejó muy claro que ninguna medida laboral tiene éxito si antes no se ha pactado con quienes han de ejecutarla, que en el caso de España son las comunidades y los ayuntamientos. En consecuencia, su Departamento firmará "un protocolo" con la FEMP para actuaciones futuras e incorporará a sus representantes a la conferencia sectorial, junto con los consejeros autonómicos.

Por su parte, Castro pidió al Ministerio que sirva de "paraguas legislativo" para marcar "las grandes coordenadas" de las políticas activas de empleo; desarrollo económico e industrial; planificación; y formación. Visiblemente satisfecho, aseguró que el encuentro con Corbacho había sido "positivo".