Los ERE de extinción de empleo se disparan

El sindicato CC. OO. ha denunciado que algunos de los expedientes de extinción de empleo (ERE) presentados en Aragón no están vinculados a la crisis económica, sino que son utilizados por las empresas para trasladar su actividad a otras comunidades o a otros países.

Así lo han asegurado en rueda de prensa el secretario regional de CC. OO., Julián Buey, y el responsable de Acción Sindical, Manuel Pina, durante la presentación de un informe sobre la evolución de los ERE en Aragón hasta octubre de este año.

El informe revela que hasta octubre se han presentado un total de 673 expedientes que afectan a 11.286 trabajadores, frente a los 964 que se produjeron a lo largo de todo el año 2009, con 11.286 empleos afectados.

Pina ha explicado que los dos expedientes de regulación que afectaron a General Motors el año pasado "distorsionan" las estadísticas.

La situación, ha añadido, se ha agravado por que un gran número de los expedientes presentados este año afectan a pequeñas empresas de menos de diez trabajadores y, en buena parte, van dirigidos a extinguir empleo frente a la regulación temporal.

Así, ha remarcado, los 98 ERE de extinción presentados este año han afectado a un 26,4% de los trabajadores sujetos a un expediente en Aragón (2.979 de 11.286), mientras que en 2009 afectaron a un 8,7 del total (3.123 de 35.887).

El dirigente sindical ha expresado su preocupación ante el aumento de pequeñas empresas que han recurrido este año a los ERE, ante la imposibilidad de "aguantar" los efectos de la crisis económica.

La mayor parte de los expedientes presentados este año son por un descenso de la productividad (494) y por dificultades económicas (131), situación que desde CCOO se interpreta como una prueba de que la crisis "sigue activa".

Estas cifras revelan que la reforma laboral "está empezando ya a operar", ya que una gran parte de los ERE que se presentan no son por una reducción de la producción o por motivos económicos, sino por un interés de las empresas en trasladar su actividad.

Al respecto, ha manifestado que se ha producido un aumento de la conflictividad laboral asociada a expedientes presentados por empresas "que no tienen crisis" sino que trasladan su actividad a otros lugares, como el caso de Cisa, en Calatayud (Zaragoza), Saint Gobain, en La Almunia, o Pipelife, en la capital aragonesa.

En relación a este asunto, ha expresado su preocupación ante la progresiva destrucción de empleo y la falta de tejido productivo para absorber a todos los trabajadores afectados, así como a sectores más vulnerables sociolaboralmente como las mujeres y los jóvenes.

Ha denunciado, además, la existencia de "presiones" a los comités de empresas, tanto políticas como empresariales, para que acepten los expedientes de regulación como "mal menor", y bajo "amenazas" de un empeoramiento de las condiciones ofertadas.

También ha criticado el posicionamiento favorable de la autoridad laboral en Aragón a la utilización de los expedientes de regulación de empleo, al haber rechazado sólo siete a lo largo de este año.

A este respecto, Julián Buey ha reclamado un compromiso "serio" del Gobierno aragonés para hacer frente a esta situación, aunque ha advertido que los presupuestos para 2011 carecen de "valentía", son "rácanos" y "seguidistas" con la política del Gobierno central al estar orientados sólo a reducir el déficit y no a fortalecer el tejido productivo.